La ley SB4

Hace algunos días, Greg Abbott, gobernador republicano  del Estado de Texas, sancionó una ley -conocida como Senate Bill 4- cuyo propósito es endurecer la legislación texana en materia migratoria.

Las acciones del Congreso local y del gobernador se insertan en los esfuerzos de la entidad para reducir el número de migrantes mexicanos y centroamericanos que atraviesan la frontera mexicano-texana ilegalmente o que residen sin papeles en el estado.

La estrategia de Abbott responde principalmente a la necesidad de radicalizar la postura del Partido Republicano en Texas con miras a combatir la política migratoria de Joe Biden, misma que ha sido denunciada por los grupos de derecha y extrema derecha como sobremanera laxista frente al incesante flujo migratorio. Se trata, a todas luces, de una estrategia rumbo a las elecciones de 2024, donde Donald Trump parece encaminado a asegurar la candidatura del partido.

¿Busca Abbot reconocimiento nacional o tal vez  la candidatura del Partido Republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos como lo aseguró hace unos días AMLO en la mañanera? Quizá. Veremos.

Lo que sí que es un hecho es que la ley SB4 conlleva serias problemáticas desde distintas aristas. En materia de su aplicación, la nueva legislación ha sido señalada como un nuevo instrumento para realizar acciones de “racial profiling”, es decir, que una persona de rasgos mestizos pueda ser detenida en territorio texano bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente.

A la luz de la nueva ley, el Estado puede encausar a estos individuos, llevarles frente a un juez y eventualmente condenarles a prisión.  En adición, también ha trascendido que la nueva ley habilitaría a los jueces texanos para que expulsen a los hombres y mujeres que residen ilegalmente.

Otra controversia suscitada por la ley responde al hecho de que contraviene la Constitución y las leyes federales. De acuerdo con el marco legal estadounidense, el Congreso federal cuenta con la competencia exclusiva en materia migratoria. Por lo tanto, corresponde al Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) la ejecución de las leyes, y solamente un juez federal está facultado para ordenar la expulsión o deportación de un ciudadano.

En todo caso, el Departamento de Justicia del gobierno de Biden, encabezado por el fiscal general Merrick Garland, deberá presentar una controversia constitucional que terminará siendo discutida en el pleno de la Suprema Corte.

Si bien la ley SB4 no cuenta con buenas posibilidades de permanecer en el tiempo, pues seguramente una corte federal ordenará eventualmente su suspensión, sí que ofrecerá a Abbott y al Partido Republicano una ventana para presentarse como la opción política que puede “detener” la crisis migratoria que amenaza – así lo expresan – el alma y la integridad de Estados Unidos.