SCJN atrae amparo por desplazamiento forzado en el caso Acteal
La masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997 ocasionó el desplazamiento forzado de un grupo de indígenas tzotziles que presentó un amparo que ya fue atraído por la SCJN.
En dicho amparo, los 308 indígenas afectados por el caso Acteal, exigen que el Estado mexicano repare el daño que representó su desplazamiento del municipio de Chenalhó, Chiapas.
Caso Acteal será revisado una vez más por la SCJN; revisará amparo sobre desplazamiento forzado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo en el que un grupo de indígenas toztziles denunció haber sido víctimas de desplazamiento forzado por el caso Acteal.
Así lo resolvió el pleno de la SCJN luego de que 7 ministros votaran a favor de atraer el amparo y solo dos lo hicieron en contra, a propuesta del propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Con ello, el máximo tribunal podría establecer un nuevo criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento forzado, así como sobre la obligación del Estado en la reparación integral de daños.
De la misma forma, al atraer el caso, se prevé que la ponencia que se elabore se enfoque en definir con precisión las acciones que deben efectuar los 3 poderes de la Unión para atender el delito.
Además, se ahondaría en el alcance de las sentencias de amparo, además de las obligaciones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno ante los casos de desplazamiento forzado.
Indígenas denunciaron falta de atención del Estado mexicano
La decisión de la SCJN de atraer el amparo relacionado con acusaciones de desplazamiento forzado en el caso Acteal, deriva de un recurso de revisión presentado por un grupo de indígenas tzot¡ziles.
Dicho grupo, integrado por 308 miembros de la comunidad originaria y parte de la organización civil pacifista “Las Abejas”, denunció que el Estado mexicano no ha atendido el caso de desplazamiento.
Se debe resaltar que esta es la segunda ocasión que la SCJN atrae un proceso derivado del caso Acteal, pues en el mes de agosto de 2009 resolvió diversos asuntos vinculados al proceso penal.
En esa ocasión, el máximo tribual determinó ordenar la liberación de 20 paramilitares, así como de 12 indígenas que habían sido sentenciado tras un proceso plagado de violaciones e irregularidades.
