La Constitución: cuando el poder toma forma y la política se convierte en regla
Refutaciones Políticas
La Constitución suele imaginarse como un texto solemne, un catálogo de artículos y principios destinado a organizar la vida pública. Sin embargo, detrás de esa arquitectura normativa late una verdad más profunda: toda Constitución es, antes que nada, un acto político. No surge de la pura técnica jurídica ni de abstracciones teóricas o metafísicas, sino de un conjunto de decisiones, disputas y equilibrios entre fuerzas que buscan estabilizar el conflicto inherente a la vida social.
En este nuevo siglo es vital recuperar la concepción sociopolítica de la Constitución desde la perspectiva de la Filosofía Política, apartándose del paradigma jurídico dominante del constitucionalismo actual, que abandonó la vital idea de la soberanía como principio de todo orden jurídico. Afirmar que la política es la fuente primigenia del derecho no es una provocación ni una concesión al realismo; es reconocer que ninguna norma nace del vacío. Toda regla es la traducción de un momento político específico, de una correlación de poder que encontró en el derecho el instrumento para convertirse en orden.
Leída desde esta perspectiva, la Constitución deja de ser un documento estático o técnico y se revela como un pacto político dinámico, producto de la negociación, la tensión y, en ocasiones, la imposición. Cada Constitución refleja quiénes eran los actores capaces de decidir, qué intereses estaban en juego, qué crisis se buscaban resolver y qué tipo de Estado se aspiraba a construir. No hay en ella neutralidad posible: incluso las disposiciones más aparentemente técnicas esconden decisiones políticas de gran calado. Una Constitución es siempre un mapa del poder de su tiempo, pero también un intento de proyectar un orden futuro donde ese poder pueda operar con límites y bajo reglas comunes.
Aquí el derecho no se reduce a regular conductas individuales ni a dictar permisos y prohibiciones. Su misión fundamental es crear instituciones que racionalicen el ejercicio del poder. Una Constitución eficaz no es la que acumula declaraciones solemnes ni moraliza a la normatividad jurídica, sino la que logra diseñar un entramado institucional capaz de impedir que el poder se desborde. Así, lo decisivo no reside sólo en lo que la Constitución dice, sino en lo que sus instituciones pueden hacer: dividir el poder, someterlo a controles, distribuir competencias, establecer responsabilidades, crear y garantizar derechos, asegurar la participación y evitar la concentración arbitraria. El constitucionalismo, en su sentido más profundo, es el esfuerzo histórico por sustituir la fuerza por el poder político racional, por convertir la disputa política en reglas y la autoridad en responsabilidad.
Cuando las instituciones constitucionales funcionan, la Constitución vive: otorga previsibilidad, limita al gobierno, crea y protege derechos, modera el conflicto y hace posible la convivencia en sociedades heterogéneas. Pero cuando estas instituciones se debilitan, ya sea por captura política, por erosión interna o por desconfianza social, la Constitución se vacía. El texto puede seguir vigente en apariencia, pero pierde su capacidad de ordenar la realidad. En esos momentos, el poder deja de verse obligado a justificar sus actos y la ciudadanía queda expuesta a decisiones que ya no responden a reglas compartidas, sino a intereses particulares.
De ahí que la Constitución sea considerada la fuente de todo el sistema jurídico nacional: no solo porque ocupa la cúspide de la jerarquía normativa, sino porque define qué cuenta como derecho válido dentro de una comunidad política. Establece quién puede legislar, cómo se legisla, qué límites enfrentan los gobernantes, quién interpreta la norma suprema y qué derechos no se pueden vulnerar. Es el fundamento que articula al Estado y la garantía que protege a las personas frente al poder. Sin embargo, esta posición privilegiada también la hace frágil. Si la Constitución es manipulada para favorecer a los poderes facticos, todo el orden jurídico se desplaza en esa dirección. Si la sociedad deja de verla como un pacto legítimo, su fuerza simbólica y normativa se erosiona. Y si los jueces la interpretan a conveniencia, se convierte en un instrumento de dominación en lugar de un garante de libertades.
Por ello, defender la Constitución no significa aferrarse a un texto por nostalgia ni impedir cualquier cambio. Significa preservar la lógica que la sustenta: la idea de que el poder debe estar sometido a reglas, de que el conflicto se debe procesar institucionalmente y de que la pluralidad social merece reconocimiento y protección. Una Constitución es espejo y proyecto: refleja el momento histórico que la originó, pero también guía la vida pública hacia un horizonte donde el poder se asuma como racionalidad deontológica, una función legitimada por el acuerdo de las fuerzas reales de poder.
En tiempos de polarización, desconfianza y disputas por la legitimidad, recordar el sentido político de la Constitución es más urgente que nunca. No es un amuleto que protege por sí mismo ni un símbolo vacío que puede invocarse a conveniencia. Es la herramienta más ambiciosa que las sociedades han creado para transformar el poder en institución y la fuerza en razón pública. Vive cuando la ciudadanía la exige, cuando las instituciones la respetan y cuando el poder se reconoce limitado. Muere cuando se utiliza como arma política, instrumento de dominación económica o cuando se convierte en un mero discurso sin consecuencias reales.
X: @RubenIslas3
