Academia libre de misoginia… aunque sea del pueblo

Una buena para el CIDE.

Por fin. El capricho llamado José Antonio Romero Tellaeche ha terminado con una destitución complicada, atravesada por escándalos, bajas de académicos valiosos, autoritarismo, una caída notoria en la productividad del Centro de Investigación y Docencia Económicas y, lo más doloroso, una gestión opaca en medio de señalamientos públicos de violencia machista y violencia académica que fueron sistemáticamente ignorados hasta que la presión se volvió insostenible.

La destitución del director marca una mejora institucional, una voluntad política que al fin reconoce la crisis, pero también un recordatorio de que la academia mexicana no está libre de los patrones que reproducen la desigualdad de género. Muchas investigadoras no solo resistieron en silencio: alzaron la voz para exigir que se reconocieran iguales derechos y garantías dentro de un espacio que se proclama “libre” pero que histórica y estructuralmente ha excluido y marginado a las mujeres, aunque aquello fuese sinónimo de sacrificio para sus trayectorias y crecimiento.

En noviembre de 2025, un grupo de investigadoras rompió esa barrera de silencio al presentar denuncias formales por actos de violencia de género que, según consta, ocurrieron en diferentes ámbitos del CIDE. Ese momento fue, para muchas, la gota que derramó el vaso en una gestión que ya acumulaba conflictos y que llegó, finalmente, a su fin tras la integración de múltiples procesos ante el Órgano Interno de Control.

Este no es mero error, pues fue el funcionario al que aferrarse como si solo se tratara de la voracidad opositora por golpear, pero en realidad es la manifestación de una falla estructural que permea la academia en México. Las mujeres siguen siendo minoritarias y desprotegidas, aun cuando su participación ha crecido. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) —el órgano más importante de reconocimiento a la excelencia académica en el país— las investigadoras representaban alrededor del 41% del total en 2025, con un incremento significativo entre 2019 y 2025 pero aún con una brecha significativa frente a los hombres. Pero a nivel poblacional, las mujeres son más del 51 por ciento.

En el listado de resultados recientes de ingreso, permanencia y promoción al SNI publicado por el CIDE en 2023, la institución reportó 18 personas reconocidas en total por el SNI. Si solo se consideran esas 18 personas de ese ejercicio específico de convocatoria (2023), aproximadamente cinco son mujeres, lo que daría una proporción de alrededor de 28% en ese grupo particular. Sin embargo, ese cálculo no representa todo el padrón histórico o total de SNI adscritos al CIDE, pero sí hace evidente que la última gestión fue restrictiva contra las académicas.

La desigualdad se reproduce en los niveles superiores del sistema, donde las mujeres están menos representadas conforme sube el escalafón y enfrentan mayores obstáculos para acceder a categorías altas de reconocimiento científico.

La presencia marginal de mujeres en áreas clave también es violencia académica en razón de género y es un factor que habilita y naturaliza ambientes hostiles. Mientras las mujeres sigan siendo minoría en espacios de producción de conocimiento y autoridad académica, la forma de acceder al conocimiento será sesgada por la mirada privilegiada de hombre.

Por algo, la presidenta ha insistido durante la conferencia matutina en que la superioridad del académico debe terminar. No fue una casualidad que abiertamente dijera que un ama de casa y un académico son iguales y que las investigaciones y estudios los paga el pueblo… El 51% del pueblo son mujeres y las que sostienen los hogares, mientras los hombres escriben e investigan suelen ser mujeres criando y maternando.

La violencia académica en razón de género —esa que se manifiesta como discriminación, exclusión, hostigamiento, silenciación y obstaculización profesional por ser mujer o por desafiar estereotipos de género— es uno de los problemas menos visibilizados en la vida universitaria. Pero existe, y las cifras no mienten: aún con avances cuantitativos, la estructura de poder en las instituciones de investigación reproduce desigualdades históricas que ponen a las mujeres en desventaja. Es violencia estructural y violencia de violencias, pues excluye a las investigadoras de la producción de conocimiento, de aquel que se toma en cuenta para producir más conocimientos y justamente, tomar decisiones basadas en evidencia.

En ese sentido, la resistencia dentro del CIDE no fue solo política o académica sino que fue profundamente feminista y estratégica, no es casualidad que la nueva interina sea mujer y que entre sus principales retos se encuentre comenzar construcción de acuerdos enfocados a resarcir los daños del extitular. Que hoy quien ocupe la dirección sea una académica con trayectoria y sensibilidad frente a esos temas no es un detalle menor: es una señal de que la comunidad científica puede, finalmente, tener voz propia y no solo la de quienes reproducen viejas lógicas de poder.

La academia ha de ser del pueblo y para el pueblo. Pero si dentro de sus aulas, laboratorios y claustros, las mujeres no pueden participar plena y libremente, entonces esa academia no es popular, no es respetuosa de la igualdad ni está a la altura de los principios democráticos que debe encarnar.

Este es el primer paso. Falta mucho camino por recorrer. Pero reconocer la inviabilidad de Romero Telleache es la base de una reparación pendiente… ahora urge nombrarlo, no solo asumir que fue el impulso de las académicas el que hizo posible este cambio.