Violencia: abandonados a nuestra suerte
Cada día México despierta con una noticia que parece repetida, pero que cada vez es distinta: otra matanza, otro cuerpo abandonado, otra persona que ya no regresó a casa… La cifra del macabro conteo de la inseguridad.
Desde hace años, ejecuciones, masacres y muertes violentas dejaron de ser “hechos aislados”. El horror se ha instalado en calles, carreteras y comunidades enteras. La normalizaciónde estos hechos, tan terribles como grotescos, hacen que la pregunta vaya más allá de que si la violencia ha aumentado, sino por qué el Estado parece haber renunciado a contenerla.
La primera masacre del año
La tarde del domingo 25 de enero, un ataque armado en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato —que las autoridades atribuyeron a un “enfrentamiento entre cárteles”— dejó 11 personas muertas y al menos 10 lesionadas. Una fórmula que se repite y no explica nada: solo administra el horror.
Estos hechos no son una excepción. 2026 inició con un repunte de violencia letal: tan solo en las primeras tres semanas de enero se registraron más de 660 homicidios. Las cifras, lejos de mostrar una mejora sustantiva, confirman focos rojos claramente identificados.
En términos absolutos. Guanajuato continúa encabezando la lista como el estado con más homicidios. Colima se mantiene como la entidad más peligrosa por tasa per cápita, con niveles que superan los 80 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Sinaloa ha escalado por las pugnas internas entre grupos criminales. Baja California, Chihuahua y el Estado de México completan el grupo de entidades que concentran más del 50% de los asesinatos del país.
La violencia no está dispersa, está territorialmente localizada y políticamente tolerada. Las causas incómodas de enfrentar:
Debilidad institucional: policías mal pagadas, fiscalías rebasadas y sistemas judiciales que no investigan ni sancionan, mandan un mensaje inequívoco: delinquir sale barato.
Desigualdad social: miles de jóvenes ven en el crimen organizado una vía rápida —aunque mortal— de ingreso, poder y pertenencia. Cuando el Estado no brinda opciones para el futuro, otros ofrecen un atajo manchado de sangre.
Narco infiltrado, un tema que sistemáticamente se evade: la presunta connivencia entre el poder político local y las organizaciones criminales no es una suposición gratuita, es una sospecha sostenida por patrones que se repiten: gobernadores que presumen “calma” mientras sus territorios arden; autoridades que minimizan masacres; investigaciones que nunca avanzan; funcionarios señalados por pactos inconfesables.
La captura del Estado no siempre ocurre con fusiles y golpes de fuerza, también se concreta mediante silencios, omisiones y acuerdos bajo la mesa.
“Vamos bien”
Pero cada día desde Palacio Nacional se insiste en que “las cosas van bien” y la violencia va a la baja, sin importar que la realidad contradiga el discurso.
La frivolidad del poder alcanza niveles alarmantes, se evaden problemas estructurales y se priorizan temas irrelevantes; en el poder judicial, debates frívolos, como la compra de camionetas de lujo, pesan más que su función esencial de impartir justicia. El resultado es una impunidad casi total.
A lo anterior se suma la falta de acción del Ministerio Público, ni el “fiscal carnal”, hoy embajador, ni su sucesora, la exconsejera jurídica de presidencia, han impulsado investigaciones contra gobernadores y funcionarios señalados por huachicol, lavado de dinero, corrupción o vínculos con el crimen organizado, a pesar de que muchas delas acusaciones lleguen de más allá de nuestras fronteras.
Incluso investigaciones periodísticas lo han documentado: el reportero Tim Golden, con ProPublica, reveló información con base en datos de agencias estadounidenses y en colaboración con funcionarios mexicanos. El New York Times publicó una lista de políticos y gobernadores mexicanos con procesos judiciales abiertos o investigaciones en curso en ese país donde aparecen Rubén Rocha, Alfonso Durazo, Adán Augusto López, María del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Mario Delgado junto a otros nombres recurrentes como Ricardo Gallardo, Cuauhtémoc Blanco y Evelyn Salgado, junto con su padre, Félix Salgado Macedonio.
Un gobierno estatal que no combate frontalmente al crimen, lo administra. Decide qué violencia tolerar, qué zonas ceder y qué narrativa imponer.
La línea entre incapacidad y complicidad se vuelve peligrosamente borrosa y, mientras se discute si hay pruebas para fincar responsabilidades políticas, las personas siguen muriendo.
México ya es señalado internacionalmente como un narco Estado, no por animadversión ideológica, sino por evidencia acumulada. Peor aún, el país ya cumple criterios de lo que la ciencia política define como un Estado fallido: aquel que pierde de manera grave y sostenida la capacidad de garantizar seguridad, ejercer autoridad y proveer servicios básicos.
La violencia generalizada, la ausencia de autoridad efectiva, inoperancia del Ministerio Público y un poder judicial comprometido, configuran ese escenario.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿quién manda realmente en los estados? A falta de una respuesta clara y verificable, las cifras de muertos responden y la víctima seguirá siendo la misma: una sociedad abandonada a su suerte.
X: @diaz_manuel
