No se puede condenar con una mano y aplaudir con la otra

Por años, la comunidad internacional ha vivido atrapada en una peligrosa contradicción: defender el derecho internacional sólo cuando conviene y relativizarlo cuando los intereses geopolíticos apuntan en otra dirección.

Hoy, esa incoherencia vuelve a exhibirse con claridad ante dos escenarios distintos, pero jurídicamente comparables: Venezuela y Ucrania. El Gobierno de México ha condenado enérgicamente la intervención militar realizada por fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una acción unilateral que viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el principio de no uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.

Esa postura es congruente con la tradición diplomática mexicana y con el espíritu del multilateralismo. Pero esa condena obliga, por coherencia moral y política, a ir más lejos.

No se puede condenar la intervención militar en Venezuela y, al mismo tiempo, justificar o minimizar otras intervenciones armadas en el mundo, como ocurre con Ucrania. No se puede medir con dos varas. O el principio es universal, o deja de ser principio para convertirse en herramienta selectiva del poder.

En Ucrania, la invasión rusa ha sido condenada —con razón— por violentar la soberanía de un Estado. En Venezuela, una intervención extranjera también es condenada —con razón— por exactamente la misma razón.

El punto es simple: la soberanía no depende de simpatías ideológicas, ni de afinidades políticas, ni de la narrativa dominante en Occidente. La soberanía es un principio absoluto del derecho internacional, no una concesión condicionada.

Cuando algunos gobiernos y analistas justifican una intervención y condenan otra, el mensaje es devastador: la legalidad internacional es flexible para los poderosos y rígida para los débiles. Esa lógica erosiona el sistema internacional, normaliza la fuerza como instrumento político y abre la puerta a un mundo más inestable y más violento.

México ha sido históricamente defensor de la no intervención, del respeto entre Estados y de la solución pacífica de las controversias. Esa tradición no puede aplicarse a conveniencia del momento ni del actor involucrado.

Si se condena la intervención en Venezuela, debe condenarse con la misma firmeza cualquier intervención militar que viole la soberanía de otro país, venga de donde venga. Lo contrario no es pragmatismo: es hipocresía diplomática.

El derecho internacional no puede ser un menú a la carta. O se respeta en todos los casos, o deja de ser derecho para convertirse en propaganda. En un mundo al borde de nuevas escaladas militares, la congruencia no es un lujo moral, es una urgencia política. Porque si hoy se justifica una intervención “por las razones correctas”, mañana cualquiera podrá invadir a otro alegando las suyas. Y entonces, ya no habrá reglas que defender.