Vamos mal… y podemos estar peor con el nuevo Poder Judicial
El 1º de septiembre marcó el arranque del nuevo Poder Judicial. Entre rituales de incienso, limpias y puertas abiertas, se buscó enviar un mensaje simbólico de purificación y cercanía con la gente. Para un sector de la sociedad, esos gestos pueden tener valor cultural; para otro, son pura escenografía sin impacto real en la impartición de justicia.
La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Corte subrayó la intención política de respaldar este nuevo ciclo. Pero más allá del simbolismo, lo que importa es qué nos depara en el corto y mediano plazo: ¿Qué certeza habrá para la inversión y la propiedad privada? ¿Qué soluciones tendrán los arrendamientos, usucapiones y los asuntos familiares rezagados? Al parecer, la prioridad siguen siendo los temas fiscales para el Estado y la prisión preventiva en los casos que interesan al poder, mientras se ignoran los costos de edictos en el Diario Oficial o la modernización de exhortos por vía electrónica.
La Corte funcionará en pleno permanente. Ya no habrá salas especializadas, sino un cuerpo colegiado con ministros electos en un espectro amplio: desde perfiles radicales alineados con el oficialismo hasta voces pasivas que evitan confrontar.
La narrativa oficial asegura que el nuevo Poder Judicial resolverá el rezago. Pero lo cierto es que no existen leyes secundarias que detallen procedimientos, ni métricas que obliguen a los jueces a ejecutar sentencias en plazos razonables.
√ La ejecución de sentencias, que ya hoy es otro juicio, no tendrá incentivos de mejora.
Los jueces electos se asumen legitimados por el voto, aunque la participación haya sido mínima. El resultado:
√ Sentimientos de poder sin respaldo técnico.
De acuerdo con el INEGI y el Consejo de la Judicatura Federal:
√ México cuenta con 6,730 personas juzgadoras, apenas 5 por cada 100,000 habitantes.
√ En 2022 ingresaron 1,256,077 asuntos al CJF y se resolvieron 1,214,806, quedando cientos de miles rezagados de años anteriores.
Estas cifras muestran que el rezago es estructural y no se resolverá solo con cambiar a las personas.
México: un juicio civil o mercantil en CDMX tarda en promedio 60 meses. No hay segmentación clara por monto o riesgo: un juicio de 20 mil pesos tarda lo mismo que un juicio por millones.
La gran diferencia es la ejecución de sentencias, lo que provoca que los asuntos en México sean tan largos y costosos por exceso de formalismos y procedimientos de notificaciones personales, así como el ocultamiento, la disposición irregular de garantías o incluso la interposición de impugnaciones.
El nuevo Poder Judicial enfrenta además tres riesgos graves:
1. Curva de aprendizaje: jueces sin experiencia técnica tardarán más en resolver los asuntos, aumentando la incertidumbre.
La justicia lenta y politizada no solo afecta a los litigantes: encarece créditos, ahuyenta inversiones y erosiona la confianza en el Estado de derecho. Los abogados deberán valorar alternativas procesales y asumir que la incertidumbre será la nueva constante para ellos y sus clientes. Lo que debió ser una modernización se transformó en un riesgo adicional.
El Poder Judicial mexicano se reconfigura en nombre del pueblo, pero sin herramientas reales a través de leyes secundarias para resolver sus problemas históricos de rezagos, de métricas de desempeño y de las responsabilidades que deberá presentar el Tribunal de Disciplina. Mientras España y EU cuentan con más jueces, tribunales especializados y plazos diferenciados, México se aferra al formalismo y al populismo judicial.
Mario Sandoval Chávez en X: @MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y Abogado a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
