Regreso sin gloria

 Samuel García quedó exhibido como un político tramposo, falto de ideas y escrúpulos, mentiroso.

Por más que trató de desconocer las leyes o torcerlas para imponer a un incondicional como interino, terminó por regresar a la gubernatura cuando el ministro Javier Laynez Potisek le enmendó la plana: solo el Congreso local tiene facultades para designar al gobernador interino.

Por eso regresó; no había manera legal de que se impusiera su capricho pese a que una decisión totalmente sospechosa ¡de un juez laboral, l-a-b-o-r-a-l! había interpretado, a la conveniencia del gobernador, que si el MC había ganado la gubernatura le correspondía designar al gobernador interino.

Como sea, la aventura presidencial de Samuel García, quien dijo que el PRIAN “lo habían descarrilado’’ porque había desplazado a Xóchitl Gálvez del segundo lugar “en tan solo 9 días de campaña presidencial’’, terminó con una ganancia para los neoleoneses y para los mexicanos: lo exhibió de cuerpo entero.

García denunció (es un decir), que el PRI (suponemos que también le toca una parte al PAN), le pidió 2,500 millones de pesos para el próximo año, que no pagaran impuestos los próximos 5 años, que se nombrara fiscal a Adrián de la Garza, entre otros.

Dura denuncia, aunque, claro, para que hubiera duda de su veracidad, el gobernador omitió datos que son fundamentales para la credibilidad de sus dichos:

¿Quién o quiénes de los partidos señalados le exigieron esas condiciones para “dejarlo pasar’’? ¿Cuándo fue la reunión o por qué medio le hicieron llegar la lista de extorsiones? ¿En dónde ocurrió? ¿La lista se la entregaron a él o quizá a alguien de su gabinete? ¿Por qué no lo denunció cuando comenzó el sainete y por qué hasta que no pudo burlar las leyes y sus instituciones?

Se equivocan quienes piensan que Samuel García fue la víctima.

Las víctimas fueron quienes en algún momento le creyeron o vieron como una alternativa.

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En este espacio le hemos dado seguimiento al pleito mercantil entre la empresa TRESE y sus exsocias Nuvoil (mexicana) y Coastal (malaya), en el que participan Pemex y CI Banco.

El conflicto derivó de una jugada en la que Coastal y Nuvoil sacaron, a la mala, a TRESE de la sociedad formada para la construcción y renta de una plataforma de exploración en aguas profundas.

TRESE ha ganado, los 8 9 años de litigio, todos los recursos; incluso el representante legal de Coastal en México, Ramón “N’’, está sujeto a proceso penal.

En el juicio, Pemex había sido obligado a pagar a TRESE un monto de 63 millones de dólares, pero la empresa del Estado decidió no pagar sino depositar en un juzgado un billete por esa cantidad con el objetivo de retrasar el juicio.

Pues sucede que la semana pasada, el juez local décimo octavo civil de la Ciudad de México, Marcial Enrique Terron Pineda, entregó el billete de depósito que depositó Pemex a Nuvoil, sin tener derecho y violando una suspensión de amparo y una orden federal.

A su vez el Segundo Tribunal de apelación del primer Circuito acaba de resolver sospechosamente de manera “espontánea” una serie de apelaciones informando que TRESE debería de continuar en quiebra (no por falta de viabilidad financiera para cubrir sus adeudos), sino por el hecho, más bien pretexto, de que el conciliador no pidió autorización sobre la cuantificación de sus honorarios al IFECOM.

Parece que la ministra Norma Piña tendrá que preguntar, por lo menos, qué está pasando con ese caso y por qué ha tardado tanto en resolverse.

     @adriantrejo