Teuchitlán: ¿El Ayotzinapa de la autoproclamada 4T?

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue en su momento un vendaval que destruyó la legitimidad del gobierno de Peña Nieto. Sumado al escándalo de la casa blanca se Angelica Rivera, la tragedia de la desaparición de los jóvenes de ese municipio hundió al presidente y a su partido.

El propio AMLO, dispuesto a explotar políticamente el suceso hasta sus últimas consecuencias, utilizó el discurso para denostar al PRI. Al día de hoy, según ha sido reportado, tanto la policía local como elementos de las fuerza armadas mexicanas participaron directa o indirectamente en la desaparición de los estudiantes.

México vive hoy una nueva pesadilla de dimensiones quizás superiores a lo acontecido en Guerrero. Según ha trascendido, un buen número de personas (se ha informado sobre cientos de pares de zapatos, camisetas y mochilas) habrían sido obligadas a trabajos forzados e incineradas en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en un sitio conocido como Rancho Izaguirre.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno están obligados a esclarecer los hechos y a exigir al gobernador Jesús Pablo Lemus todas las evidencias disponibles. Al día se sabe poco. Según ha trascendido, la fiscalía de Jalisco tuvo conocimiento sobre este campo de exterminio hacia finales de septiembre del año pasado.

Huelga señalar que la tragedia de Teuchitlán, una vez esclarecidas las dudas con base en las evidencias recogidas por la fiscalía jalisciense, no deben ser imputadas –en principio- ni al gobernador Lemus ni a funcionarios del gobierno de Sheinbaum, sino a sus predecesores. Sin embargo, sí que tienen la obligación jurídica y moral de ofrecer explicaciones en torno a un suceso que ha estremecido al país entero.

Se tendrá que demostrar, de igual manera, la antigüedad de los restos, con miras a profundizar la investigación y a conocer más detalles sobre su desarrollo, y a la vez, fincar responsabilidades penales por acciones u omisiones.

El homicidio masivo, una vez concluidas las investigaciones, podría conducir al encausamiento de personajes del pasado, tanto de la administración estatal como de la federal y de las fuerzas de seguridad. Y todo indica que podría derivarse de la fracasada estrategia de “dejar pasar” implementada por el gobierno de AMLO. Podría ser, a la postre, el Ayotzinapa de la 4T.