Dedo en el renglón
A pesar de que hipotéticamente se puede llegar a la eliminación de la amenaza arancelaria de EU contra México por el tema que se resume en el narcoestado, de todos modos no debe dejar de preocupar el hecho de que los señalamientos del Gobierno estadounidense siguen caracterizando a México como un régimen patrocinador del crimen organizado.
Las respuestas mexicanas a estas presiones americanas han sido muy limitadas: decomisos de fentanilo, arrestos de operadores menores de cárteles y entrega a Estados Unidos de 29 presuntos narcotraficantes que tenían proceso penal en cárceles mexicanas.
La Casa Blanca ha dejado muy claro que el tráfico es consecuencia de la existencia de una estructura criminal de organizaciones del narcotráfico que funciona -dice Washington- con el patrocinio gubernamental mexicano, pero que en los hechos revela la falta de voluntad institucional del Gobierno de México para deshacer las estructuras criminales de producción de droga.
Los cárteles como organizaciones delictivas han recibido muchos golpes gubernamentales, algunos de ellos severos, pero en los hechos siguen existiendo como estructuras que tienen el control territorial, administrativo y político de zonas que corresponden obligatoriamente sólo a la soberanía del Estado.
Los ojos están puestos en la desarticulación, a cuentagotas, del Cártel de Sinaloa, en la impunidad con que funciona el Cártel Jalisco y se olvidan de uno de los problemas más graves que ha provocado el crimen organizado: la aplicación de cuotas a limoneros y aguacateros de Michoacán y el cobro de derecho de piso en zonas populares de alcaldías de Ciudad de México.
Ocurra lo que ocurra con la batalla por los aranceles, el Gobierno mexicano está obligado a aprovechar el impulso de la presión estadounidense para ir más allá de los arrestos y desarticular las estructuras criminales de los cárteles del narcotráfico.
Zona Zero
Y el tema de las relaciones México-EU en materia de cárteles, el Gobierno de Trump tiene un pasivo que México debe insistir en subrayar: al interior del territorio estadounidense nueve cárteles mexicanos tienen estructuras formales para administrar el contrabando de drogas, distribuirlo en los 50 estados de la Unión, promover su venta al menudeo en las calles de tres mil ciudades americanas y, sobre todo, utilizar el sistema financiero y bancario para lavar los narcodólares del delito. Y México debe insistir en denunciar esta irregularidad que reconoce hasta la DEA.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
