Abogados del narco: ¿Defender criminales te convierte en uno?

En los últimos días, la opinión pública en México se ha visto sacudida por la revelación de que el abogado de Ismael El Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, y su socio, Sergio Ramírez Muñoz, tienen supuestos vínculos con Morena. Este escándalo mediático ha puesto en entredicho a estos juristas y, de paso, a toda la profesión legal.

Como si ejercer el derecho penal convirtiera automáticamente a los litigantes en criminales. Como si litigar en materia penal significa que no pueden asesorar a políticos.

Es crucial hacer una distinción fundamental: el hecho de que un abogado defienda a una persona acusada de delincuencia organizada no lo convierte en delincuente.

La ley es la ley (para todos)

Primero, hay que recordar lo básico: en este país, todos tienen derecho a una defensa legal. La Constitución lo establece claramente en el Artículo 20. No importa si eres un inocente en desgracia o el líder de un cártel. En teoría, el derecho a la defensa es una garantía fundamental en cualquier democracia y no un privilegio selectivo. Punto. El sistema judicial no funciona castigando a los abogados por hacer su trabajo.

Reducir a un abogado al rol de “cómplice” por ejercer su profesión no solo es una falacia lógica, sino una amenaza directa a la profesión legal. Si aceptamos la idea de que defender a un acusado equivale a compartir su culpabilidad, estaríamos socavando aún más el sistema de justicia de nuestro pais.

Los abogados penalistas, como Penilla Rodríguez y Ramírez Muñoz, que defienden personajes de “alto perfil” o con muchos recursos económicos, no son simples operadores del derecho. Son especialistas en litigio penal, con la capacidad técnica de analizar expedientes, cuestionar la legalidad de las pruebas y asegurar que el debido proceso se respete. Su habilidad para ofrecer estrategias de defensa sólidas es una demostración de su conocimiento, no de su participación en actividades criminales.

La falacia de la “culpabilidad por asociación”

El escándalo actual se ha nutrido de una lógica peligrosa: la “culpabilidad por asociación”. El hecho de que los abogados de El Mayo Zambada hayan sido vistos en eventos políticos no significa necesariamente que Morena está aliada con el crimen organizado. Compartir abogados no implica compartir delitos… ¿o acaso sí? Pensemos en un empresario respetado y un político corrupto que contratan al mismo despacho de abogados especializado en derecho fiscal. Mientras que el empresario busca optimizar sus impuestos dentro del marco legal, el político lo hace para defenderse de acusaciones de desvío de recursos. A pesar de coincidir en su defensa legal, sus acciones y responsabilidades no están relacionadas. El abogado simplemente ejerce su labor de representación sin que esto convierta al empresario en corrupto. En cualquier democracia, los abogados pueden participar en actividades políticas, asesorar a gobiernos, ser profesores y, al mismo tiempo, ejercer su profesión de manera independiente.

El problema radica en la narrativa pública y mediática: el simple hecho de que un abogado represente a un criminal no lo convierte en delincuente, pero en la opinión pública, la asociación puede generar sospechas. Esta lógica simplista ignora el principio fundamental de la defensa legal y el derecho a un juicio justo.

Si El Mayo puede pagar a los mejores, ¿por qué no contratarlos?

Vamos a los hechos. El Mayo Zambada no es cualquier acusado. Tiene el poder suficiente como para tener a los abogados que quiera. ¿Y a quién contrató? A Juan Pablo Penilla Rodríguez, socio de Sergio Ramírez Muñoz. ¿Por qué? Porque supongo que para él, es el mejor en esa rama del derecho. Así de simple. No hay casualidades en la elección de abogados en estos casos. Si estos penalistas llevan su defensa, es porque tienen el conocimiento, la estrategia y la capacidad para manejar este tipo de litigios

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como mencioné, se ha comprobado que estos mismos abogados han trabajado y han sido reconocidos por Morena. Entonces, si son lo suficientemente buenos para defender a uno de los capos más importantes del país, también pueden ser lo suficientemente buenos para asesorar en temas legales y políticos. No hay que ser un genio para entender que, si alguien puede desmontar acusaciones y enfrentar a la Fiscalía,así como entender el teje y maneje del litigio, también puede construir estrategias jurídicas para políticos y partidos, o qué no?

¿Doble moral? ¿O solo miedo a la realidad?

Aquí viene la parte incómoda. A los políticos les encanta rasgarse las vestiduras, señalarse mutuamente y atacarse mediáticamente entre ellos. Que si “narcoabogados”, que si “qué escándalo que trabajaron con Morena”. Pero cuando necesitan asesoría legal de primer nivel, nadie pregunta por el historial de clientes. Es fácil señalar con el dedo cuando conviene, pero la verdad es que el sistema funciona así.

Los mejores abogados penalistas no solo defienden narcotraficantes; también representan artistas, empresarios y políticos de todos los partidos. Son los que entienden mejor las leyes penales y saben cómo usarlas. ¿O acaso solo pueden dedicarse a la defensa criminal y nada más?

Resulta paradójico que muchos de los actores políticos que hoy critican a estos abogados no tengan la misma indignación cuando otros profesionales del derecho defienden a políticos acusados de corrupción. ¿Es más grave representar a un presunto narcotraficante que a un funcionario que ha saqueado el erario público? Si la respuesta es sí, el problema no está en los abogados, sino en nuestra concepción selectiva de la justicia.

Ética y moral en la profesión legal

Más allá del derecho, está la cuestión ética y moral. ¿Es correcto que un abogado defienda a un presunto criminal? La respuesta dependerá de la percepción de cada quien, pero si la analizamos desde la perspectiva de la justicia y el Estado de derecho, la respuesta es sí, sí es correcto. No porque sea una cuestión de valores, sino —repito— porque es la base del Estado de derecho. Un abogado no es un juez ni un verdugo; su labor es garantizar que el proceso legal se respete y que las autoridades no violen los derechos de su cliente, sin importar quién sea.

Desde una perspectiva moral, la profesión legal también implica decisiones personales. Hay abogados que prefieren no tomar ciertos casos porque no están de acuerdo con las acciones de sus clientes, y es completamente válido. Pero también hay quienes, basándose en su formación y principios, creen que cualquier persona, sin importar su historial, merece una defensa justa. Hay otros abogados que eligen a sus clientes por razones económicas, priorizando casos que les resulten financieramente más atractivos. hay otros que no tienen opción….Siendo pragmáticos, ninguna de estas posturas convierte a un abogado en héroe o villano.

¿Entonces, un penalista que defiende narcos no puede hacer otra cosa?

Si seguimos la lógica de los escandalizados, entonces cualquier abogado que haya defendido a un criminal debería ser vetado de cualquier otra área legal y jamás debería asesorar en otras áreas jurídicas. ¿tu qué opinas? La realidad es que el derecho y el talento jurídico no distinguen entre clientes. Un penalista puede defender a un narco, asesorar a un político o dar clases en una universidad.

La pregunta es: ¿queremos justicia o solo linchamientos mediáticos? Si criminalizamos la defensa legal, estamos diciendo que el derecho, ni las herramientas legales no son para todos, sino solo para quienes “nos caen bien”, para los “buenitos” o para los que no rompen un plato. Y eso, en un Estado de derecho, es simplemente inaceptable. o no?