Las leyes mexicanas y su respetabilidad universal

“Hay en el mundo dos poderes: la espada y el espíritu. El espíritu siempre ha vencido a la espada”.

Napoleón Bonaparte

Ahora que el poder ejecutivo de nuestra nación representado por la presidenta Claudia Sheinbaum reformó la carta magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 19 y 40, con tal de enaltecer la soberanía que ya desde el primer escrito de éste magnánime documento estaba presente, acción de la que el mismo expresidente Antonio López de Santa Anna estaría orgulloso, hago una reflexión muy importante al respecto.

Independientemente que quizá nuestra Constitución sea la más modificada y reformada del mundo moderno, las leyes que de ella emanan, desde que se consolidaron como “Sentimientos de la Nación” por José María Morelos y Pavón, que se confirmaron en 1857 con el doctor y presidente Valentín Gómez Farías, y que se establecieron formalmente en 1917 con don Venustiano Carranza, deben ser respetadas universalmente, todas, y para todos y todas los y las mexicanos y mexicanas.

Desde el primer capítulo de las garantías individuales, hasta todas las leyes inscritas en el total de los capítulos de la Constitución, todos los seres humanos nacidos en México tienen derecho a recibirlas, y a acatarlas, y también las leyes establecidas en otros códigos, como el penal o el civil, independientemente de que vivan o trabajen en otros países, y aun habiendo obtenido otra nacionalidad además de la mexicana.

Me enteré en algún momento que en los Estados Unidos un grupo de abogados privados intentó cambiar un acta de matrimonio de México en la que los contrayentes decidieron casarse por bienes separados, lo cual debería ser jurídicamente imposible, ya que la decisión de dicho contrato matrimonial no debería poder ser modificada en el extranjero, como tampoco lo es en nuestro territorio, pero afortunadamente en los Estados Unidos existen instancias jurídicas que ponen en orden a cualquier intento de modificación ilegal, incluyendo a sus jueces, a sus jurados, a su Suprema Corte de Justicia, a su poder ejecutivo representado por el presidente Donald Trump, a su Capitolio con su Parlamento y su Congreso, y hasta a la Organización de las Naciones Unidas con su apartado del alto comisionado de los derechos humanos con sede en Nueva York, en su territorio, y también podrían consultarse organismos internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Holanda.

Para cambiar un acta de matrimonio de México los contrayentes deberían divorciarse y volverse a casar, para cumplir con las leyes civiles mexicanas tan noblemente constituidas en nuestra Constitución, valga la redundancia.