Las encuestas y la percepción del fin de la corrupción

Y sí, de acuerdo a las más reciente encuestas, Claudia Sheinbaum lidera cómodamente los sondeos hacia las elecciones de 2024. Según Metrics MX, la ex jefa de gobierno lleva un 55.8 por ciento de las preferencias electorales, mientras Xóchitl Galvéz apenas rebasa un tímido 20.5 por ciento. El advenedizo Samuel García, por su parte, se coloca en un 10 por ciento. Huelga subrayar que si las tendencias se confirman Claudia ganaría con la mayoría absoluta de los votos.

Estos datos revelan la alta popularidad del presidente AMLO: popularidad profundamente anclada en la percepción (insisto, percepción) de la eliminación de la corrupción del servicio público, y como si México estuviese genuinamente viviendo su “renacimiento”, en alusión al título del libro de AMLO.  Sin embargo, a la luz de la evidencia, la corrupción no ha sido eliminada. Por el contrario, continúa en los mismos niveles que antes, y si se quiere, peor.

En último viaje al estado de Quintana Roo tuve la oportunidad de conocer la bellísima laguna de Bacalar, y de charlar con un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sostenible. En el contexto de una conversación informal, me contaron cómo la corrupción permea impunemente en el gobierno de Mara Lezama, miembro, como es bien sabido, del partido Morena.

Según me relataron de primera mano, la corrupción y el conflicto de interés en el seno del gobierno local existe desde los permisos otorgados por parte de una Dirección General o Subsecretaría para la construcción de terrenos sobre territorio federal, hasta los contratos entregados por la Sedena para la construcción del Tren Maya.

En una especie de “trickle down economics”, léase, en una forma de beneficios derramados desde la cima de la pirámide hasta la base y viceversa, el gobierno de Mara Lezama y sus funcionarios se entregan a una interminable lista de ganancias privadas a cambio de concesiones por parte del gobierno local.

El caso del gobierno de Quintana Roo no es ni remotamente una excepción.  Según ha sido documentado por organizaciones no gubernamentales, el gobierno federal y los locales han continuado la concesión de contratos a privados sin licitación. La operación es asaz sencilla: el operador privado contacta a un funcionario de medio rango (Director General, quizá) le plantea la situación, y el funcionario, acto seguido, hace al interesado comprometerse con prebendas, mismas que terminan beneficiando a los altos funcionarios del gobierno local.

Si retomamos brevemente el tema de las encuestas. ¿La ventaja de Claudia no tiene que ver con la percepción de que la corrupción y la impunidad son cosa exclusiva del PAN y del PRI? ¿No se trata de una “percepción” que no tiene anclaje en la evidencia? ¿En verdad se ha terminado la corrupción? ¿Los funcionarios de la 4T no son corruptos? ¿Vive hoy México el renacimiento de la vida pública que prometió AMLO? Nada más lejano a la realidad.