El gobierno lo volvió a hacer. Presenta una nueva ley con grandes promesas: vivienda digna, accesible, sustentable, y para todos. ¿Qué podría salir mal? Bueno, tal vez todo, si tomamos en cuenta que la historia reciente está llena de instituciones saqueadas y derechos pisoteados. Basta mirar el desastre del Infonavit, una máquina de sueños hipotecarios que terminó vendiendo esos mismos sueños (y las casas) al mejor postor.

Infonavit: la tragicomedia de la vivienda

El Infonavit, antaño símbolo de acceso a la vivienda para los trabajadores, se ha convertido en un sinónimo de caos. Aquí un breve repaso de sus momentos más “gloriosos”:

La subasta (2017). El Infonavit vendió 58,000 créditos vencidos por apenas $2,000 millones de pesos, un precio ridículo si consideramos que el valor real de las propiedades superaba por mucho esa cifra. ¿El resultado? Miles de familias desalojadas por despachos de cobranza, que se frotaron las manos con la ganancia.
Falsificar para despojar (2018-2020). En uno de los escándalos más descarados, se descubrió que el Infonavit ejecutó más de 246,000 desalojos basados en firmas falsificadas. Sí, falsificadas. Trabajadores que jamás firmaron una cesión de derechos vieron cómo sus casas desaparecían mientras los jueces, curiosamente, miraban hacia otro lado.
El agujero negro de los recursos públicos (2021). Según la Auditoría Superior de la Federación, al menos $5,000 millones de pesos destinados a programas habitacionales se “perdieron”. No desaparecieron mágicamente, claro, sino que fueron absorbidos por la opacidad y el descontrol.

¿Y la nueva ley qué propone?

El gobierno asegura que ahora sí va en serio. La nueva ley promete:

Regular los precios de los alquileres (aunque no dice cómo evitar que el mercado negro crezca).
Crear un fondo público para subsidiar la vivienda (¿otro saco roto como el Infonavit?).
Desarrollar proyectos urbanos sustentables (lo que suena bien, pero sigue siendo una promesa).

La pregunta no es si estas medidas son necesarias, sino si el gobierno está realmente equipado para implementarlas sin que terminen en un nuevo capítulo de corrupción. Porque, seamos honestos, si no pueden evitar que los recursos se pierdan en el camino, ¿qué nos hace pensar que esta vez será diferente?

¿Un plan para ayudar o para acaparar?

Y aquí viene lo interesante: ¿por qué tanto interés en exhibir al Infonavit ahora? Al parecer, el escándalo no es una coincidencia. Detrás de estas revelaciones parece haber una estrategia más amplia: desacreditar instituciones públicas para justificar su desmantelamiento.

No olvidemos el caso del INAI, el organismo que garantizaba transparencia y acceso a la información. ¿Qué hizo el gobierno con él? Lo eliminó, bajo el pretexto de que era un lujo innecesario. Pero sin el INAI, ¿quién vigilará que el fondo público para vivienda no termine financiando otra cosa, como, digamos, una campaña electoral?

La desaparición de organismos autónomos como el INAI no es un accidente, es una estrategia. En su lugar, el gobierno centraliza los recursos y el poder, bajo el argumento de que todo estará mejor si ellos lo controlan. ¿El resultado? Menos transparencia, menos contrapesos, y más riesgo de que los programas sociales terminen siendo un botín político.

¿Es vivienda digna o un nuevo clientelismo electoral?

Las promesas suenan bonitas: “vivienda para todos”, “justicia social”, “sustentabilidad”. Pero el patrón es preocupante. Primero, exhiben a las instituciones como corruptas e ineficientes (con razón, en muchos casos). Luego, redirigen sus recursos al presupuesto central. Finalmente, esos recursos financian programas que, casualmente, están diseñados para fortalecer la base política del gobierno.

En este caso, la nueva ley de vivienda puede terminar siendo más una herramienta de control que una solución estructural. Sin un INAI que supervise, sin mecanismos claros de transparencia, y con un historial de instituciones saqueadas, el riesgo es enorme.

¿Es la nueva ley de vivienda la solución que México necesita? Tal vez. Pero no podemos ignorar el contexto. Sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que parece un plan ambicioso podría convertirse en un mecanismo más para consolidar poder político.

En mi opinión el derecho a la vivienda es sagrado, pero usarlo como pretexto para absorber recursos y centralizar el control es una traición a ese derecho. ¿Estamos ante una reforma seria o simplemente ante un espectáculo político? Al final, los ciudadanos deberán decidir si están dispuestos a aceptar otra promesa vacía, o si exigirán un cambio real que beneficie a todos, y no solo al gobierno en turno.