Entre el poder y la justicia: el reto de Bertha Alcalde
El nombramiento de Bertha Alcalde Luján como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México es un hecho que no solo marca un hito en la historia institucional de la capital, sino que también lanza una sombra de duda sobre la independencia y la transparencia de las instituciones en la era de la Cuarta Transformación. En un contexto donde la narrativa oficial proclama una lucha frontal contra la corrupción y el privilegio, la llegada de Bertha Alcalde a este cargo abre un debate incómodo sobre el rol de las redes familiares en la consolidación del poder político.
Con una trayectoria que incluye posiciones clave en el ISSSTE y una clara afiliación al movimiento encabezado por Morena, Bertha Alcalde asume uno de los puestos más importantes en la administración de justicia de la Ciudad de México. No obstante, su designación también está marcada por su parentesco directo con Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, e hija de Bertha Luján, una figura histórica del lopezobradorismo. Esto no es menor: se trata de un nexo familiar que inevitablemente genera preguntas sobre la independencia real de esta fiscalía y sobre si los nombramientos responden a una visión meritocrática o a una dinámica de poder que favorece a los cercanos.
La llegada de Alcalde Luján al cargo fue aprobada con 51 votos a favor y 15 en contra en el Congreso capitalino, con los legisladores del PAN siendo los únicos opositores. Iniciará formalmente su gestión el próximo 10 de enero y estará al frente de la Fiscalía por los siguientes cuatro años. Esta designación no solo la convierte en la segunda mujer en ocupar este cargo, después de Ernestina Godoy, sino también en un eslabón clave de la cadena de control institucional del movimiento de la 4T en la Ciudad de México.
En su discurso de toma de protesta, Bertha Alcalde enfatizó su compromiso con una Fiscalía independiente y prometió decisiones basadas exclusivamente en la justicia, alejadas del poder, el dinero o las influencias. Sin embargo, la realidad política y el contexto familiar del que proviene hacen que estas declaraciones suenen más a una obligación retórica que a una garantía tangible. La historia reciente nos recuerda que los actos pesan más que las palabras, y será su desempeño el que determine si estas promesas se cumplen o si, por el contrario, terminan siendo otro caso más de discurso hueco.
En este punto, es inevitable preguntarse si la concentración de poder en manos de algunos apellidos dentro del movimiento de la 4T representa una estrategia planificada o una mera coincidencia. Luisa María Alcalde, como presidenta nacional de Morena, juega un papel fundamental en la configuración del futuro político del partido y, por ende, del movimiento. Ahora, con su hermana al frente de la Fiscalía capitalina, se consolidan dos figuras clave en posiciones de poder que pueden influir directamente en los equilibrios de la justicia y la política. Esto no significa necesariamente una violación directa a los principios democráticos, pero sí plantea una cuestión ética sobre cómo deben manejarse las relaciones familiares dentro de un gobierno que se autoproclama distinto.
El nepotismo, aunque muchas veces disfrazado de coincidencias o justificado con trayectorias profesionales, sigue siendo un obstáculo para la construcción de instituciones verdaderamente independientes. Y aunque Bertha Alcalde tenga los méritos académicos y profesionales para asumir este cargo, el solo hecho de su parentesco con figuras prominentes de la 4T abre una grieta en la confianza ciudadana. En una democracia sana, la percepción es tan importante como la realidad misma, y este tipo de nombramientos no hacen más que alimentar la narrativa de una élite política que se reparte el poder entre sus cercanos.
La independencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un pilar fundamental para la gobernabilidad y la confianza en el sistema de justicia. Cualquier sombra de influencia política, por mínima que sea, puede minar su credibilidad y generar un efecto dominó que trascienda la administración actual. Es por eso que el actuar de Bertha Alcalde será observado con lupa: no solo porque es su obligación como funcionaria pública, sino porque su caso se ha convertido en un emblema de la lucha por definir; si las instituciones en la 4T son realmente del pueblo o si responden a los intereses de unos cuantos.
La responsabilidad que recae sobre la nueva fiscal es inmensa. No solo debe demostrar su autonomía, sino también disipar cualquier duda sobre su imparcialidad. Para ello, será necesario que sus decisiones no solo sean justas, sino también percibidas como tales por una ciudadanía que exige transparencia y resultados. De su gestión dependerá no solo el rumbo de la justicia en la Ciudad de México, sino también el mensaje que la 4T envía al país sobre su compromiso con una verdadera transformación institucional.
