El debate que redefine la justicia
El Senado de la República ha vuelto a ser el epicentro de un tema crucial para el sistema de justicia mexicano: la prisión preventiva oficiosa. Con un trasfondo de intensa polarización y debates encendidos, la reforma a este mecanismo constitucional ha desatado pasiones entre legisladores, activistas y expertos jurídicos, todos con posturas encontradas sobre el balance entre justicia, derechos humanos y seguridad pública.
La prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 de la Constitución, ha sido duramente cuestionada tanto a nivel nacional como internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de DDHH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado los riesgos de su aplicación automática, argumentando que criminaliza la pobreza y contradice principios fundamentales de presunción de inocencia. En las últimas 12 horas, la Cámara de Diputados y el Senado de la República han sido escenario de argumentos que reflejan las profundas divisiones en torno a esta reforma.
Por un lado, Morena y sus aliados han defendido la necesidad de mantener la figura en ciertos delitos graves, argumentando que es un instrumento esencial para combatir la impunidad y proteger a las víctimas. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, destacó que la propuesta actual busca un equilibrio, acotando su aplicación y fortaleciendo la facultad de los jueces para analizar cada caso. Sin embargo, críticos dentro y fuera del Senado consideran que las reformas propuestas no van lo suficientemente lejos para garantizar un verdadero acceso a la justicia.
Por otro lado, partidos de oposición como el PAN y el PRI han exigido eliminar por completo la prisión preventiva oficiosa, señalando que perpetúa un sistema punitivo que afecta desproporcionadamente a las personas en situación de vulnerabilidad. El senador Marko Cortés calificó la figura como un “instrumento de represión” utilizado históricamente contra opositores políticos y líderes sociales, mientras que su homónimo Alejandro Moreno advirtió que su eliminación podría “desatar una ola de inseguridad sin precedentes”.
La sociedad civil también ha alzado la voz. Organizaciones como Fundar y Cencos han exigido que se priorice una justicia más humana, que se dejen atrás las políticas de mano dura y ponga en el centro a las personas y sus derechos. En paralelo, las redes sociales, bajo hashtags como #PrisiónPreventiva y #JusticiaParaTodos, se han convertido en una arena de discusión ciudadana donde los argumentos se cruzan con anécdotas personales de abuso e injusticia.
La reforma avanza en un contexto político marcado por las acciones del primer bimestre de la sucesión presidencial de 2024, lo que ha intensificado los discursos partidistas. Mientras que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sigue defendiendo su compromiso con un sistema de justicia más justo y eficaz, la oposición acusa que las medidas propuestas son insuficientes y responden más a intereses electorales en el corto plazo, que a una verdadera transformación estructural.
El resultado de este debate tendrá repercusiones profundas en el panorama político y jurídico de México. Más allá de las posturas ideológicas, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa refleja una lucha, donde se definirá qué tipo de justicia queremos como sociedad. ¿Será posible construir un sistema que equilibre la protección de las víctimas con el respeto irrestricto a los derechos humanos? Solo el tiempo y las acciones de nuestros legisladores darán respuesta a esta pregunta crucial.
