En vísperas de las elecciones federales del 2018, en todo el país, el principal reclamo de la sociedad era darle un giro sustancial a la podredumbre enraizada por los gobiernos neoliberales. Hablamos de corrupción, nepotismo y clientelismo revelados a través de escándalos que salieron a la luz pública en administraciones del PRIAN. Para tal efecto, fue notable la respuesta de la sociedad que, cansada de la partidocracia, volteó la mirada al proyecto más social y humanista, encarnado en la Cuarta Transformación. El mismo Andrés Manuel López Obrador, tras ganar las elecciones y bajo el compromiso que pactó con la población, desterró el cáncer de las prácticas antisociales, y debemos recordar también que, con la austeridad republicana, el presupuesto del gobierno sirvió y ha servido para atender causas justas que aquejan a la población.

El punto es que, con ello, el hito del proceso de transformación comenzó a partir del 2018. Todo se apoyó en un andamiaje de políticas públicas que, con el respaldo del legislativo, sentaron las bases para el desarrollo, y lo más importante, para que la democratización, como componente inherente de una república, fueran un elemento crucial y prioritario en un Estado de derecho; es decir, López Obrador, con esa responsabilidad que cargó en sus hombros durante la lucha social, cumplió los objetivos que trazó. Es verdad, se avanzó a pasos agigantados durante esos seis años que pasaron, pero hubo otros aspectos que, por las condiciones, tuvieron que esperar el momento idóneo, lo que se trató, ni más ni menos, que del Plan C.

La oposición por su parte aunque no quiso reconocerlo así, se llevaron la derrota más estrepitosa de toda su historia, tanto en la presidencial como en posiciones dentro de ambas cámaras legislativas y, de paso, los congresos locales. Ya con las condiciones dadas, es momento de ir concretando, al pie de la letra, la profundidad del contenido del Plan C. La muestra más clara, naturalmente, fue el proyecto de reforma al poder judicial que, con todo y el clima que generó el conservadurismo, salió adelante con la fuerza que le imprimió la fracción parlamentaria de Morena. De igual forma, la población civil, guiada por la consciencia, se ocupó de respaldar cada una de las iniciativas con la participación activa que, viéndose de la magnitud que se percibió, fue una oleada de apoyo que sirvió de base.

Lo que viene aconteciendo ahora es consecuencia de la justicia social que, si hiciéramos una introspección, inició luego del triunfo histórico del 2018 y, para fortuna de millones de mexicanos, continúa bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México. Hablamos de las acciones que se han llevado a cabo, pero también de los cambios al marco constitucional. En el poder judicial, por ejemplo, se logró dar un paso sustancial con la modificación de 16 leyes que, entre muchos aspectos más, contemplan la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. Eso, además de que dará legitimidad, pondrá sobre la mesa una justicia equitativa y realmente justa para cualquier clase social.

Por supuesto que no ha sido fácil encarar la hostilidad de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia. La misma Norma Piña por ejemplo, quien por cierto diseñó un plan de resistencia, hizo todo lo posible por revertir el proyecto. Su impulso fue totalmente anticonstitucional, pero, más allá de eso, venció ya lo dijimos, la justicia social. Dadas esas condiciones, podemos decir, con argumentos sólidos, que la democracia es el resultado inminente de la lucha social, y eso mismo puede confirmarse ahora que, en este tiempo crucial, la inscripción para el concurso a cargos judiciales, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, rompió todos los pronósticos que se plantearon con diez mil candidatos. Eso significa que, decididamente, miles de profesionistas en esta materia, que están listos para hacer frente a una encomienda de esta naturaleza, participaran bajo los lineamientos de la convocatoria publicada.

Finalmente, habrá elección para ministros de la Suprema Corte de Justicia y eso, para México y la democracia, es una buena noticia, máxime en tiempos donde reina el progreso social y el humanismo. De hecho, esperaremos con ansias a que ese momento llegue y, entonces sí, podemos hablar de que se coronó el Plan C. Eso se ha logrado, puede decirse así, gracias al abrumador respaldo de millones de mexicanos que ratificamos nuestro voto por la 4T. Es, por así decirlo, el principio de grandes cambios que continuarán bajo la batuta de Claudia Sheinbaum. Ella, a propósito de ello, tiene más del 70% de aprobación ciudadana. Eso, sumado a todos los ajustes positivos que se han gestado, son una victoria para el movimiento de izquierda que reconoce, por su declaración de principios, cuáles son las necesidades que aquejan a la ciudadanía.

Notas finales

Hace unos días hablábamos de la evaluación del gobernador de Michoacán. Hoy, por lo tanto, es un buen momento para ir abordando la importancia de los presidentes municipales a lo largo y ancho del territorio purépecha. Las mismas evaluaciones y la población, que son quienes mejor tienen el pulso del desarrollo, ha hecho buenos comentarios de las acciones que se llevan a cabo. En Pátzcuaro, que es uno de los puntos más emblemáticos de México, Julio Arreola, edil de la región, ha ido destacando por su trabajo integral que, en concreto, favorece el avance y la calidad de vida de los ciudadanos. Y ya que hablamos de progreso y bienestar, Maravatío, otros de los distritos de mayor relevancia en la geografía Michoacana, tiene un proyecto que mejorará, dicen los que saben, la obra e infraestructura, eso sí, bajo la batuta de Mario Pérez.