Operación enjambre
El súper secretario Omar García Harfuch, dio a conocer una acción que en coordinación con la Defensa, la Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de México, llevó a la detención de siete servidores públicos de seguridad pública de varios municipios; de las 14 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios que presuntamente facilitaban las actividades de diversos grupos delictivos que operan en la entidad mexiquense.
Hecho, que retrata la situación de penetración del crimen organizado en el primer piso de los gobiernos municipales. El operativo denominado enjambre, fue producto de la investigación que realizó el gabinete de seguridad con la dirección del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene toda la confianza.
La principal demanda de los mexicanos es la seguridad. La violencia en todo el país, y los hechos de muerte que día a día se dan a conocer en cada una de las entidades de la República son un flagelo que la ciudadanía quiere que se resuelva.
La semana pasada el Congreso de la Unión dio un voto de confianza a Omar García Harfuch, al aprobar por unanimidad la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, que modifica el Artículo 21 de la Constitución y que empodera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La oposición apoyó la reforma.
Ahora el compromiso del secretario Omar García Harfuch, es altísimo. El escenario del presidente Nayib Bukele, de El Salvador de cero homicidios en su gobierno, lo obliga a pacificar México.
SUSURROS
A la ola de cuestionamientos que ha recibido el actual secretario de salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, por haber designado sin ser siquiera pediatra, a Mariana Rodríguez, pareja de su hermano Ricardo Cortés Alcalá, como directora del hospital pediátrico infantil de León, se le suma lo que determinó la Función Pública de Raquel Buenrostro, en su auditoría No. 11/21 halló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), no realizó el registro contable correspondiente de los más de 13 mdp en insumos donados por diversas ONGs para tratar la pandemia de Covid-19. La Fundación que creó la ahora directora no transparentó las donaciones que recibió y entregó a la sociedad.
Mientras los fabricantes locales de camiones contribuyen a la economía mexicana, las unidades usadas importadas, muchas con tecnologías de hace dos décadas, desincentivan la producción nacional y disparan las emisiones contaminantes. Este tema se agrava aún más al considerar que, este 2024 podría cerrar con el ingreso de más de 31 mil vehículos pesados, frente a un promedio anual de 9 mil en años anteriores. El marco regulatorio vigente, que data de 2004, requiere una actualización urgente para enfrentar los retos ambientales y económicos del país. La Semarnat, liderada por Alicia Bárcena, y la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, tienen en sus manos la responsabilidad de impulsar un nuevo Acuerdo Ambiental que limite estas importaciones y fomente la renovación vehicular.
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