Una de las preguntas que surgen con frecuencia cuando debatimos en torno a los sistemas de promoción para docentes y directivos de educación básica y media superior en México, es: ¿cuál es la racionalidad administrativa que hay detrás de estos aparatos burocráticos que administran los procesos de ingreso, ascensos y movimientos horizontales de las y los trabajadores de la educación?

En torno a la pregunta antes anotada, expongo a continuación cuatro reflexiones breves:

1. Desde que se creó el Programa de Carrera Magisterial (CM) en 1992-1993, siempre se consideró, desde diversas posiciones críticas frente al poder político (hegemonía priista), que este sistema era como un dique de contención de los aumentos salariales que por derecho corresponden al magisterio.

El poder público (el gobierno federal, a través de la SEP) desde entonces ha vendido la idea de que para obtener un premio, estímulo o incentivo económico (la famosa zanahoria de cartón), supuestamente al margen del aumento salarial anual, las y los trabajadores de la educación debían demostrar que eran acreedores de dichos premios o, en el peor de los casos, que deberían de hacer “méritos” o hacer lo académicamente correcto, a través de una evaluación de desempeño, para justificar la entrega de estímulos económicos adicionales o complementarios al salario.

De una u otra forma, ese sistema de “reconocimientos” institucionales o del Estado mexicano no ha jugado otro papel, para fines prácticos, sino que el de contener los aumentos salariales generalizados y profesionales que corresponden, de acuerdo con lo establecido en la Constitución política mexicana, tanto para docentes como para directivos de la escuela pública.

2. Lo que originalmente sería un sistema justo y equilibrado de carrera magisterial (CM), es decir, una especie de o equivalente a los sistemas de profesionalización del servicio púbico federal, también conocidos como servicios civiles de carrera o, como en el caso del servicio exterior, como un robusto sistema de ascensos y promociones para profesionalizar a los servidores públicos hiperespecializados, en cada sector o ramo de la secretaría de Estado correspondiente, terminó en un fiasco.

Bueno, pues esa intencionalidad “profesionalizante” se convirtió –después de 20 años- en un sistema de corruptelas y complicidades contrarias a sus propósitos originales. En 2013, el gobierno del presidente Peña Nieto, después de un diagnóstico y de varios estudios hechos especialmente sobre el programa CM, llegó a la conclusión de que éste se había desviado de sus objetivos y procesos originales: se perdió la oportunidad gerencialista de construir una sólida cima de la meritocracia educativa.

En el extremo del cinismo, en círculos sindicales se decía que, aparte de las tres vertientes con las cuales se organizaba a los participantes voluntarios del mencionado programa de CM, existía en los hechos una cuarta vertiente que era la que conformaban los recomendados, protegidos o apadrinados de las dirigencias nacional y seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). (Recuérdese, también, la desaparición, en ese tiempo, de la comisiones paritarias mixtas de escalafón). En otras palabras, el sistema se vio envuelto en corrupción.

3. Después de observar serias ineficiencias y la presunción de actos de corrupción en torno a la bolsa financiera del CM, el gobierno peñista 2012-2018 lanzó una iniciativa para la creación del Servicio Profesional Docente (SPD), con la genialidad de establecer un sistema meritocrático más sofisticado, semejante al de carrera magisterial, pero con una lista indescifrable de candados, dientes y colmillos administrativos que tenían dos finalidades: una, controlar a los participantes del sistema, centralizar procesos y a su vez blindarlo contra las intromisiones de la dirigencia sindical oficialista.

Adicionalmente y como todos sabemos, la segunda finalidad fue aquella que se relacionaba con la definición de la “permanencia” en el servicio educativo, que se estableció claramente (de ahí la idea de los dientes y los colmillos) en la Ley del Servicio Profesional Docente (LSDP); sin duda fue una norma atentatoria y violatoria de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación (me refiero a las principales figuras educativas).

La guillotina estaba puesta y bien afilada, y aunque no fue estrenada en su momento, estuvo ahí para simbolizar, como amenaza, la eventual separación del servicio educativo de las y los trabajadores que no cumplieran con los requisitos de “idoneidad” establecidos tanto en la Constitución (Art. 3 reformado en 2013) como en la LSPD.

4. Frente a tales abusos en contra de maestras y maestros de educación básica y media superior, el gobierno del presidente López Obrador, como cabeza del poder ejecutivo federal, en coordinación con el poder legislativo federal, eliminó o abrogó la LSPD para colocar en su lugar una normatividad similar: la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCAMM). Otra genialidad de las y los altos funcionarios de la SEP y legisladores que fue aprobada en 2019, como parte del paquete de la reforma al texto constitucional (Art. 3, del derecho a la educación) de ese periodo, es decir, durante el primer año de gobierno de AMLO.

Como puede desprenderse de esta breve y genérica descripción de los sistemas de ingreso (admisión), promoción y reconocimiento de docentes y directivos de educación pública básica y media superior en México, desde hace más de 30 años ha prevalecido la racionalidad del control, la promoción de la meritocracia y la férrea contención salarial, que han ido en contra de los intereses y las demandas laborales e históricas del profesorado.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, si bien se ha manifestado en contra de la ley general del SCAMM y de su unidad operativa, la USICAMM (por inoperante, discriminatoria y cara), tiene frente a sí el enorme reto de crear un nuevo sistema que no repita errores del pasado y que no reivindique la racionalidad administrativa que prevaleció: el centralismo, el control, la meritocracia y la contención salarial.

Otros deberán de ser los principios, las premisas y los objetivos del sistema (que incluya la evaluación grupal o colegiada, por ejemplo, que es más justa y equitativa o distributiva), que será creado en breve, sobre todo si se pretende dejar atrás la racionalidad tecnocrática, gerencialista y neoliberal que ha dominado en las instituciones educativas durante los últimos años.

En resumen, los sistemas de ingreso, promociones y reconocimientos para el magisterio que hemos tenido en México no representan, como simbolismo, las políticas públicas neoliberales instaladas e impuestas en el sistema educativo nacional durante los últimos 30 años, sino que han sido y son su cruda realidad.

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