¿Cuáles son los posibles efectos de una crisis constitucional?

No resulta sorpresivo para nadie que México está a las puertas de una severa crisis constitucional. No tiene precedente.

Si bien algunos juristas aseguran que inició desde el comienzo del sexenio de AMLO cuando éste y su gobierno decidieron desacatar resoluciones de amparo en relación con el Tren Maya y otros proyectos, todos coinciden que ante una abierta desobediencia de una decisión de la Corte, la crisis escalaría hacia limites inconcebibles en una democracia constitucional.

En este tenor, el proyecto de resolución del ministro Luis González Alcántara y la propia coyuntura política (la opinión pública, el paro judicial y las decenas de suspensiones ordenadas por jueces de distrito en relación con la reforma al Poder Judicial) apuntan hacia la eventual declaratoria de inconstitucionalidad por parte de ocho de los once miembros de la Suprema Corte.

De igual manera, se anticipa que, ante el hecho, la presidenta Sheinbaum, el INE y la mayoría morenista continúen las acciones en torno a la reforma judicial, en una vulgar violación del orden constitucional.

Un número creciente de mexicanos que no son especialistas en derecho constitucional se preguntan cuáles pueden ser las consecuencias de tal rompimiento del orden legal.

A mi juicio, la primera consecuencia sería el anuncio público de que en México no vale más la ley. Ninguna resolución de un juez de distrito, magistrado o de la propia Corte tendrá legitimidad pública para hacerse aplicar. Esto se denomina, en un lenguaje coloquial, la ley de la selva, donde la voluntad del más fuerte impera sobre los débiles.

En segundo lugar, será el camino directo hacia una autocracia legal, donde la mayoría legislativa, sin el menor miramiento hacia los derechos de las minorías, hace lo que le da la gana en términos de reformas a la ley fundamental. México no podría llamarse más una democracia constitucional.

Y en tercer lugar, el rompimiento constitucional podría conducir a una disminución dramática de la inversión extranjera o nacional. Pregunto al lector ¿algún empresario estaría dispuesto a invertir en un país bananero donde la ley no vale y donde las autoridades administrativas no se sujetan al imperio de las normas jurídicas?

Lo más racional sería, en mi opinión, que la presidenta Sheinbaum y los radicales en el Congreso aceptasen la decisión de la Corte y admitiesen sus disposiciones. Ello provocaría, sin duda, una escisión en el seno del oficialismo, pero se rescataría al país de caer en un abismo legal.