Mayoría en San Lázaro avalan cambios a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales

Con 336 votos a favor y 123 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los cambios a esta normatividad, junto con los de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación son necesario para que se implemente la elección de jueces, magistrados y ministros que se hará el próximo año.

T e puede interesar: Propone PVEM días libres para atender salud mental de menores

Los diputados acordaron que el posicionamiento de los seis grupos parlamentarios se hiciera en conjunto por ambas reformas, pero la discusión en lo general la harán por cada uno de los cambios propuestos.

Decidieron iniciar con la discusión y votación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y luego de la aprobación en lo general, y comenzaron con la presentación de las reservas.

Durante la discusión en lo general, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) recordó que durante el pasado proceso electoral 37 personas que aspiraban a un puesto de elección popular de todas las fuerzas políticas perdieron la vida a manos del crimen organizado.

“Con ese telón de fondo, la reforma constitucional y legal para la elección de personas juzgadoras implica dejar en el desamparo a candidatas y candidatos que aspiran a ocupar algún cargo en el Poder Judicial en regiones y porciones enteras del territorio que hoy por hoy se encuentran arrodilladas ante el acoso y amenaza permanente de los criminales”, advirtió.

Enfatizó en que actualmente el Poder Judicial prevé mecanismos para reubicar jueces que en el ejercicio de sus funciones reciben amenazas por parte de criminales.

Pero ahora, “de manera irresponsable” y dándole la espalda a la integridad y tranquilidad de los juzgadores y sus familias, la reforma no contempla la readscripción y obliga a los juzgadores a permanecer permanentemente en circuitos por los cuales fueron electos.

Agregó que, de manera tardía, Morena ha reconocido diversos errores e incongruencias en la redacción de la reforma constitucional, por lo que llamó a no aprobar el dictamen y emprender un esfuerzo conjunto y de unidad para revisar todos los tramos que componen el desarrollo normativo de la reforma judicial.

“Yo les pregunto (…) ¿en qué parte del dictamen se encuentran las previsiones relativas a la elección de jueces sin rostro?, ¿en qué parte de esta propuesta se regula o se aclara la elección de los magistrados y jueces especializados y auxiliares con competencia nacional?, ¿qué pasará con las personas juzgadoras que se encuentran pendientes de adscripción?, ¿cómo se garantiza el acceso a la justicia en el caso del procedimiento especial sancionador en materia electoral?”, cuestionó Suárez Licona.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) explicó que la Ley de Procedimientos Electorales se encargará de regular todo lo relativo al proceso de elección de las personas juzgadoras, incluyendo ministros y ministras.

“Esta Cámara requiere votar a favor de estas minutas, porque con ello vamos a abonar a dar solidez y certeza a la convocatoria que está obligada a emitir la Cámara de Senadores, de acuerdo con el transitorio segundo de la reforma constitucional.

“Compañeras y compañeros que piden hacer cambios a la minuta con el objetivo de postergar esta aprobación son irresponsables, por decir lo menos, porque lo que pretenden es provocar que el Senado no cuente con las bases necesarias para emitir dicha convocatoria. No caigamos en falsos discursos, compañeras y compañeros. Es muy fácil rechazar las reformas utilizando discursos catastrofistas, todo ello desde una posición cómoda de falsos paladines de la justicia, como se han asumido algunos de ustedes, que insisten en descalificar y descalificar, sin asumir ningún costo político ni responsabilidad”, condenó la legisladora.

Te puede interesar: SEP reanuda clases de en Acapulco tras el huracán John

Enfatizó que es necesario eliminar las inercias de corrupción, rezago y desdén que por décadas han prevalecido en los poderes judiciales del país, no solo en el federal.