País tombolero
Como si fuera feria de pueblo en México el futuro del poder judicial quedó en manos de la suerte, del azar y del resultado de una tómbola.
El poder ejecutivo y el Senado de la República ignoraron arbitrariamente los procedimientos, amparos y recursos que se interpusieron en contra de la reforma judicial. Las imágenes que quedarán para la posteridad son de no creerse, como si el país fuera un circo en la cámara alta se llevó a cabo el sorteo para definir las 850 plazas del poder judicial que se elegirán con voto directo en 2025.
Estamos ante un poder absolutista y una oposición que lucra y se pone a modo ante el poder. La sesión de la “tómbola” duró más de seis horas e inició con apenas 66 legisladores, uno más de los 65 que se necesitan para alcanzar quórum, esto gracias a los 11 priistas que acompañaron a los legisladores de Morena, PT y PVEM.
¿Alito, no qué muy opositor? ¿No qué muy comprometido con las causas ciudadanas?
El engaño absoluto
Es una burla a la ciudadanía y una lamentable falta de memoria la que da pie a todas estas barbaridades dignas en un país bananero. Al concluir el proceso de insaculación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó el inicio de un proceso electoral histórico y aquí sí coincido con él, es histórico por impensable, ya que es una regresión brutal al autoritarismo del PRI de los setenta.
Bien afirmó Noroña, “no hay nada” que los pueda detener, así se actúa en una dictadura, no hay poder democrático que detenga las imposiciones, pero miente al decir que en la elección de las personas juzgadoras hay certidumbre, claridad, transparencia y evidencia de que “no hay un asunto sesgado ni de ningún tipo”.
A Fernández Noroña no le preocupa aparecer como un simple peón y actuar como brazo agresivo de los intereses del poder y la oligarquía, no sabe, no se acuerda o simplemente le vale madres.
Vale la pena recordar que la simulación democrática del partido que gobernó más de 70 años se justificaba con la elección de funcionarios electorales y de otras instancias por un sistema de insaculación.
En otras palabras, es el método menos brusco y quizá más adecuado para que los grupos que detentan el poder se lo sigan repartiendo, así pondrán a sus cuates y lo dejan a la suerte de una “manita santa”.
Son criterios que nada tienen que ver con procesos de legalidad y estricto apego a la Constitución y sus principios. Con esto, no solo las instituciones se fueron al diablo, sino que ahora sí se cumplió aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Los juzgadores responderán al interés de los grupos de poder, y será legal lo que para ellos sea conveniente, lo que afecte sus intereses no tendrá cabida. Lo mismo pasará con los instrumentos de defensa o negociación, simplemente serán desechados y en su caso castigados con todo el rigor de su “superioridad moral”.
¿Dialogar con criminales?
Esto se está descontrolando. Encontramos casos de un cinismo brutal como el del expanista, expriista, exlopezobradorista y hoy “claudista”, Manuel Espino Barrientos, el duranguense que se siente sonorense y que destruyó Naucalpan, actualmente es diputado por Morena y en tribuna, al amparo de la reforma al poder Judicial, propuso crear una Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación para dialogar con grupos del crimen organizado.
Cabe señalar que Espino ha sido mencionado en indagatorias que lo vinculan con personajes del crimen organizado. En el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como coordinador de giras cuando su compañero Nahum Acosta Lugo, director de área en la coordinación de giras presidenciales fue acusado por la PGR de filtrar la agenda presidencial a grupos de la delincuencia organizada. Por el caso comparecieron Manuel Espino y Alfonso Durazo, quien era secretario particular de Fox. La Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada inició una indagatoria contra Alfonso Durazo por su cercanía con el acusado y, como un cobarde, tras la detención de Nahum, Espino se deslindó y declaró que Durazo fue quien firmó la contratación del acusado.
El diputado de MC, Gustavo de Hoyos expresó su rechazo rotundo a la propuesta y la calificó de “absolutamente inviable”. Argumentó que el Estado no puede claudicar ante el crimen organizado, por el contrario, que se requiere una política de seguridad integral que incluya una mayor colaboración internacional debido a la naturaleza transfronteriza de estos grupos delictivos.
La propuesta de Espino lleva jiribilla, busca “normalizar” la relación del gobierno con el crimen organizado, es brutalmente contradictorio que mientras el gobierno rechaza dialogar con la SCJN, con los colegios de abogados, con organizaciones sociales y con grupos dignos de la oposición, Morena busque conversar con grupos criminales.
Así actúa un Estado autoritario, entre tómbolas, rifas de feria y acuerdos en lo oscurito, mientras sus emisarios buscan normalizar una relación con el crimen organizado.
X: @diaz_manuel
