‘Rendición del PJ generará crisis’
Juzgadores y expertos alertaron que el país entraría en una crisis constitucional por la decisión de la Judicatura de colaborar con el Senado para la instrumentación de la reforma judicial.
El pasado miércoles, cuatro de tres integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordaron entregar la lista de jueces y magistrados en activo, con licencia, suspendidos, en proceso de jubilación y vacantes en juzgados y tribunales, lo que es un insumo necesario para que este sábado en Senado lleve a cabo la insaculación de los cargos judiciales que se elegirán el próximo 1 de junio.
Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) rechazó ayer la decisión de la Judicatura para colaborar con el Senado en la instrumentación de la reforma judicial y alertó por una crisis institucional en el país.
En un comunicado, los juzgadores indicaron que las violaciones a las suspensiones ponen en grave riesgo el Estado de Derecho y vulneran la legitimidad democrática del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar la reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, indica el documento.
Expresaron su profunda “preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una tómbola para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025”.
El sorteo es un “mecanismo que transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional”.
A su vez, “la implementación de la reforma, contraviniendo suspensiones judiciales, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del Gobierno de México al generar una crisis constitucional.
El Consejo General de la Abogacía Mexicana, en una carta pública, expresó su “grave preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en nuestro país, particularmente reflejado en en desacato a múltiples suspensiones emitidas por juzgados y tribunales federales contra la reforma judicial”.
Calificó como grave que las autoridades “dejen a merced de factores diversos”, por lo que exhortaron a cumplir con las suspensiones, bajo el entendido de que si no están de acuerdo pueden impugnarlas”.
Bernardino Esparza, académico de la Facultad de Derecho de La Salle, manifestó que el país ya está inmerso en una crisis constitucional y vaticinó que la situación podría agravarse por el avance en la instrumentación de la elección de jueces, magistrados y ministros.
“El Consejo de la Judicatura que está compuesto por siete, cuatro de ellos aprobaron desacatar las suspensiones; entonces, sorprende la decisión y si fue política”.
Consideró que la Judicatura debería ser transparente para que se conociera públicamente el argumento que dieron los consejeros que decidieron desconocer las suspensiones y entregar la información al Senado.
“Si no se está cumpliendo lo que dice el artículo 103 constitucional, con la ley reglamentaria del amparo, pues estamos ya en una crisis constitucional porque la Judicatura tendría que respaldar la decisión de los jueces y no lo está haciendo”, dijo.
El experto manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe actuar como un verdadero tribunal constitucional y entrar a la revisión de la reforma judicial.
Aseveró que si el Poder Judicial acuerda que acatará la reforma, “la Constitución se estaría subordinando a un deseo ideológico y político”.
