Partidos sin voz pero con 7 mil mdp

La elección judicial acaparará los reflectores en 2025, por lo que los partidos quedarán relegados a segundo plano, pero disfrutarán de 7 mil millones de pesos de financiamiento público.

El decreto de reforma judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre, indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar los comicios de ministros, magistrados y jueces, cuya jornada de votación se realizará el próximo 1 de junio.

Un apartado del documento indica que los partidos no tendrán ningún tipo de injerencia en la elección de juzgadores, por lo que se ordena que ni siquiera tengan un asiento en la mesa del Consejo General.

A su vez, en esa misma fecha solo se realizarán elecciones municipales en Durango y Veracruz, por lo que no se considera un año electoral.

Debido a que se confirmó que el PRD perdió el registro, los seis partidos se repartirán 7 mil millones 402 mil 870 pesos.

El pasado 23 de agosto, el Consejo General aprobó una cifra global de 7 mil 354 millones de pesos para los partidos, pero dejó pendiente el monto individual debido a que todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de pérdida de registro del PRD.

De ese monto, 210 millones de pesos son para actividades específicas, 140 millones de pesos para franquicia postal y 693 mil para la telegráfica.

De acuerdo con una estimación de los montos que recibirán por concepto de actividades ordinarias, Morena será el más beneficiado, con alrededor de 2 mil 500 millones de pesos el próximo año.

El PAN será el segundo partido con más dinero el próximo año, con recursos que rebasarían los mil 230 millones de pesos, mientras que el PRI se quedaría con poco menos de 950 millones, lo que será una afectación, pues desde hace años recibía una cifra superior a la que se le otorgará en 2025.

Movimiento Ciudadano tendría alrededor de 920 millones de pesos, lo que significaría un crecimiento respecto a lo que recibió en años pasados.

A su vez, el PVEM estaría cerca de llegar a los 800 millones de pesos de prerrogativas, mientras que el PT se quedaría con más de 630 millones de pesos.

La fórmula para otorgar el financiamiento a los partidos políticos está establecida en la Constitución, por lo que al INE solo le corresponde aplicarla y entregar los montos a cada fuerza política.

El siguiente año la actividad partidista disminuirá, pues no habrá actividades electorales significativas y los reflectores estarán en la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros que se realizará por mandato de la reforma judicial.

La reforma judicial mandata que “los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso”.

La semana pasada, el INE aprobó reformas a su Reglamento de Sesiones para que en las que se “celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del

Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por la Presidenta del organismo y 10 consejerías, con derecho de voz y voto, y el titular de la Secretaría Ejecutiva, con derecho de voz.

Impugnará PAN en el Senado la reforma judicial

Sin haber definido las acciones a seguir, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado determinó impugnar la aprobada reforma constitucional al Poder Judicial.

De acuerdo con la coordinadora de los senadores panistas, Guadalupe Murguía, “luego de un amplio análisis, el Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional (GPPAN) decidió impugnar, mediante diversas acciones jurídicas, la forma y el fondo de la Reforma Judicial aprobada en el Senado”.

No obstante, aclaró que en su momento habrán de definir dichas acciones, “a fin de solicitar la invalidez de la Reforma Judicial del Gobierno”.

Refirió que, durante la aprobación “no solo se registraron irregularidades en el proceso legislativo, sino que también contraviene diversas disposiciones establecidas en la Constitución”.

Explicó que, entre las principales razones de procedimiento, se encuentra la violación de suspensiones de amparo de diversos juzgados federales que impidieron su discusión y votación, así como la falta de oportunidad de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma.

“Durante la discusión en la Cámara de Diputados hubo un irregular cambio de sede, lo que derivó en falta de certeza para la votación de las y los legisladores, pues no se llevó a cabo conforme a la Ley”.

Por ello, consideró que la aprobación de la reforma violentó los derechos de pueblos y comunidades indígenas ya que se realizaron modificaciones en sus normas electorales, sin realizar una consulta con respecto al artículo 2 de la Constitución. /Karina Aguilar