Extinción de los fideicomisos del PJF una decisión acertada
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La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por lo que se extinguen 11 de los 14 fideicomisos de ese organismo impartidor de justicia, han causado un gran malestar a jueces y magistrados, trabajadores de la institución, así como a opositores al gobierno de la cuarta transformación.
La justificación que tuvieron los legisladores afines a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición de los fideicomisos se basan, en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró que los rubros que deberían pagarse con los fondos de los 14 fideicomisos, en realidad se estaban pagando con el presupuesto de egresos del poder judicial, además en el manejo de los recursos presupuestarios por parte de los administradores de la justicia año con año hay subejercicios, es decir se gastan menos recursos de los que reciben del erario y esto constituye una falta administrativa y un daño a la economía del país.
El diputado por Morena, Hamlet García Almaguer explicó en octubre del año pasado: “cómo se conformó este cochinito dorado del Poder Judicial de la Federación. Resulta que hay una estrategia del PJF por generar subejercicios permanentes y depositar sus remanentes a manera de ahorro, como lo dice la ASF en estos fideicomisos”.
Del 2019 al 2022 el subejercicio del poder judicial federal ascendió a 12,473.9 millones de pesos.
En el primer año de gobierno del presidente López Obrador el presupuesto que se le asignó al PJF fue de 63,656.7 millones de pesos y al cierre del año presentó un gasto total de 61,120.2 millones de pesos, es decir, tuvo un subejercicio de 2,536.5 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para el 2020 el subejercicio que presentó el poder que actualmente preside la ministra Norma Piña fue de 3,975 millones de pesos y para el año siguiente el presupuesto no ejercido fue de 2,702 millones de pesos, para el 2022 este fue de 3,260.4 millones de pesos.
El presupuesto no ejercido por los impartidores de justicia no es devuelto a la Tesorería de la Federación como marca la ley, siendo utilizado estos recursos públicos para fondear los fideicomisos del PJF.
Los recursos de los fideicomisos del poder judicial son muy poco utilizados, según datos de la última cuenta pública solo se usan entre 4.6 a 4.8% del total, por lo que no se afectarían derechos laborales de los empleados.
El dinero de los 14 fondos que tienen a su cargo los impartidores de justicia funciona como una bolsa de ahorro para magistrados y jueces que todo el tiempo les está dando intereses.
En lo que se refiere a los subejercicios la ley es muy clara; el poder legislativo tiene la facultad de restarlos del presupuesto del siguiente año, o bien puede asignarlo a otros propósitos de otros entes públicos.
Los subejercicios no se pueden considerar como un ahorro y tampoco los entes públicos se pueden quedar con los recursos no ejercidos. Esta falta administrativa provoca daños económicos, pues el dinero del presupuesto es un “bien escaso” y hay entes públicos que sí lo necesitan y lo podrían ejercer de mejor manera, y no para fondear fideicomisos como lo hace de manera ilegal el PJF.
Trece de los fideicomisos del poder judicial están distribuidos de la siguiente forma: cinco en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); seis, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). estos fondos representaban más de 17 mil millones de pesos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, señaló hace unos días que con el dinero de los fideicomisos del poder judicial se pagará la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año próximo.
En la conferencia mañanera del 19 de octubre del 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él empeñaba su palabra que los más de 50 mil trabajadores del poder judicial no verían mermadas sus prestaciones laborales, ni sus conquistas sindicales y que los recursos serán obtenidos del presupuesto asignado al poder judicial.
Los fideicomisos en manos del PJF han sido manejados con poca transparencia y solo han servido, la mayoría de estos recursos, para fondear los onerosos sueldos y prestaciones de los togados, cuando la impartición de justicia en el país es sumamente costosa, ineficiente y en muchos casos es corrupta.
