AICM defiende contratos de seguridad; asegura que se adjudicaron conforme a la ley

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rechazó que existieran irregularidades en la contratación de empresas encargadas de brindar servicios de seguridad en sus instalaciones y aseguró que todos los procedimientos se realizaron con apego a la normatividad vigente.

A través de un posicionamiento difundido en su cuenta oficial de X, la terminal aérea respondió a versiones periodísticas que vinculan a compañías proveedoras con investigaciones federales. El AICM sostuvo que las adjudicaciones se llevaron a cabo mediante mecanismos legales y que las empresas contratadas acreditaron ante las autoridades correspondientes el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para operar.

Ante versiones difundidas en medios sobre empresas de seguridad que operan en el #AICM, es importante precisar que las contrataciones fueron realizadas mediante procedimientos apegados al marco legal, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad específica.…

— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 8, 2026

La administración aeroportuaria indicó que cualquier investigación o procedimiento relacionado con terceros corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. Añadió que la seguridad de usuarios, trabajadores y visitantes es una prioridad y reiteró su disposición para colaborar con las instancias encargadas de las indagatorias.

Empresa de seguridad modificó su estructura accionaria desde 2024

En particular el AICM informó que la empresa SERPROSEP modificó su estructura accionaria desde septiembre de 2024, antes de recibir un contrato en junio de 2025. Según la documentación corporativa disponible, los actuales accionistas no tienen relación con las personas mencionadas en publicaciones recientes.

Además, precisó que el contrato fue resultado de una licitación pública nacional en la que participaron ocho concursantes. La propuesta ganadora obtuvo la mejor evaluación técnica y presentó la oferta económica más baja, lo que representó un ahorro superior a 188 millones de pesos respecto de la propuesta de mayor costo.

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