Poder a la sombra en el TSJCDMX: apuntan a secretaria de Rafael Guerra como operadora de un “gobierno paralelo”

En los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hay una frase que cada vez se escucha con menos discreción entre funcionarios y operadores judiciales: el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez encabeza formalmente la institución, pero las decisiones relevantes pasan antes por otra oficina.

Uno de los comentarios que más se repite dentro del propio tribunal apunta a la oficina de la secretaria particular de la presidencia, identificada internamente como Karen. Magistrados, funcionarios y operadores consultados para esta columna aseguran que su influencia habría crecido de manera significativa durante los últimos años, al grado de convertirse —según distintas versiones internas— en un filtro político y administrativo dentro del TSJCDMX.

De acuerdo con testimonios recogidos entre personal del Poder Judicial capitalino, lo que originalmente funcionaba como un espacio de apoyo operativo alrededor de la presidencia hoy es visto por diversos actores internos como una oficina con capacidad de interlocución, gestión y control sobre temas relevantes.

“Nadie quiere confrontarla. Hay asuntos que simplemente no avanzan si antes no pasan por ahí”, comentó bajo reserva un funcionario judicial en activo.

Dentro del tribunal se dice que ciertos nombramientos, reuniones, accesos institucionales y temas sensibles terminan dependiendo de la intervención o visto bueno de ese círculo cercano a la presidencia. Aunque la funcionaria no cuenta con atribuciones jurisdiccionales ni participa formalmente en las decisiones del pleno, entre operadores judiciales persiste la percepción de que su oficina tiene influencia en movimientos internos y acuerdos políticos.

Otra versión que comienza a circular con insistencia en ambientes judiciales tiene que ver con presuntos acercamientos entre operadores vinculados a la presidencia del tribunal y determinados grupos financieros que han enfrentado cuestionamientos públicos.

Uno de los nombres que aparece recurrentemente en conversaciones internas es CI Banco. Si bien no existe resolución judicial firme que determine responsabilidades penales o administrativas contra la institución, funcionarios consultados reconocen que dentro del tribunal existe inquietud por cualquier tipo de cercanía entre actores judiciales y grupos económicos ligados a controversias públicas.

Un excolaborador del TSJCDMX resumió así el ambiente interno:

“No importa demasiado el costo reputacional. Lo importante es conservar interlocución, control y capacidad de operación”.

Magistrados y funcionarios consultados coinciden en otro punto: muchos actores dentro del tribunal prefieren evitar confrontaciones directas y optan por construir acuerdos desde oficinas alternas antes que acudir directamente a los canales institucionales tradicionales.

La consecuencia más delicada quizá no sea administrativa, sino de percepción pública. Porque mientras el discurso oficial insiste en autonomía, transparencia y modernización judicial, dentro del propio Poder Judicial crece la versión de que buena parte de las decisiones políticas relevantes ya no se construyen únicamente en espacios formales.

Hasta ahora, Rafael Guerra Álvarez continúa siendo la cabeza visible y constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, dentro del organismo comienza a instalarse una lectura cada vez más extendida sobre la existencia de un poder alterno que opera, en silencio, alrededor de la presidencia.

X: @Alberto_Rubio