Burgos: el gas que el narco no quiso se explotara con Calderón y Peña Nieto
Más allá del debate sobre el impacto ambiental del fracking —atenuado hoy por nuevas tecnologías—, lo cierto es que durante los gobiernos del PRI y el PAN la explotación de gas no convencional no se frenó por convicción ecológica, sino porque el crimen organizado simple y sencillamente no lo permitió.
Así lo confirma la nota “Ahuyentó crimen en Burgos a la exploración de gas”, firmada por el reportero Benito Jiménez y publicada antier en Reforma. Según la información, hace más de 15 años la región que comprende el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila —rica en yacimientos de gas— fue azotada por una ola de asesinatos y secuestros que provocó la huida de las inversiones.
Resulta irónico que el diario que más añora los sexenios de la derecha, Reforma, explique que entre 2010 y 2014 (en el final del sexenio de Felipe Calderón y el inicio del de Enrique Peña Nieto), la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo paralizó la Cuenca de Burgos. El saldo fue trágico: trabajadores de Pemex asesinados, 16 secuestrados y ataques constantes que bloquearon el acceso a las instalaciones.
Este contexto es crucial para desmentir a la comentocracia y a la oposición que hoy acusa al expresidente López Obrador de haber perdido el tiempo al rechazar el fracking. AMLO lo hizo por principios ambientales; sin embargo, hoy que la tecnología permite una extracción con menor contaminación del agua, la izquierda que gobierna México, ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia, se prepara para desarrollar este negocio bajo el control del Estado, pero con participación privada.
El terror, freno estructural
A diferencia del pasado, los avances en la recuperación de la tranquilidad perdida con la fallida guerra contra el narco del panismo, sugieren que el crimen ya no será el obstáculo insalvable que fue bajo el régimen anterior. La verdad es que la explotación de gas pudo iniciar con Calderón o Peña Nieto; ambos quisieron, pero fueron derrotados por la inseguridad. Era el resultado lógico de haber entregado la estrategia nacional a un colaborador del narco, Genaro García Luna, cuya gestión hizo inviable este y muchos otros negocios.
La fallida guerra contra el crimen fue una estrategia mal diseñada y peor ejecutada, cuyo origen real fue el intento de legitimar el fraude electoral de 2006 contra AMLO. El contraste es brutal: mientras en Texas (EEUU) se vivía una bonanza de gas shale, en el norte de México reinaba la parálisis. No fue una cuestión de geología, sino de control territorial criminal.
Gobernar para el pueblo
Al margen de la suciedad de la tecnología de entonces, el narco, fortalecido por la guerra de Calderón, impidió que México aprovechara la extensión natural de los yacimientos estadounidenses. Fue el costo de una guerra declarada para intentar conservar un estilo de gobierno corrupto que se sintió amenazado por el empuje popular que, pese al fraude de 2006, terminó por triunfar años después.
Desde 2018, la izquierda inició una forma de gobierno distinta. Como señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos: “Gobernamos así, pésele a quien le pese”. La 4T gobierna para el pueblo, reconstruyendo la infraestructura que los regímenes fallidos del PRI y el PAN —pese a haber gozado de una bonanza petrolera con precios de 100 dólares por barril— fueron incapaces de proteger o desarrollar.