¿Se viene la primera gran decisión de la Corte del acordeón?

Como ha sido informado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará estos días una reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Tras el fracaso de su intento de cambio constitucional, piensa reproducir lo que hizo AMLO en 2022: golpear por el otro costado.

Lo hará porque no necesita al PT ni al Verde. A diferencia de las reformas al derecho originario, que requieren los votos favorables de las dos terceras partes de los legisladores presentes (más la mayoría simple de los congresos locales) una reforma a la ley secundaria puede ser alcanzada con el apoyo de la mayoría morenista. No más.

Se ha especulado bastante en torno al alcance este nuevo paquete de reformas. Si bien no podrá eliminar al INE ni al número de plurinominales, ni hacer cambios esenciales a la estructura del sistema electoral, sí que podría efectuar modificaciones tales como los procesos de asignación de los legisladores o amputar a las autoridades electorales en sus brazos operativos tales como el servicio de carrera.

En otras palabras, como han señalado los especialistas en materia electoral, Sheinbaum y el morenismo sí que podrían provocar cambios sustantivos en la operación del INE y del funcionamiento electoral.

Se recordará que en 2023 la Suprema Corte, aún conformada por Norma Piña y el resto de los ministros anteriores, desechó el contenido del plan B de AMLO pues había contravenido, a su juicio, las más elementales reglas de procedimiento legislativo. No existió diálogo ni deliberación en comisiones, y mucho menos debate en el Congreso, sino que fue una patata caliente que fue aprobada por los morenistas en unas horas sin haber leído un par de líneas de la iniciativa.

Se teme que la historia se repita. Ante una violación del derecho parlamentario, o mismo si las reformas contraviniesen artículos de la Constitución, la Suprema Corte responsable no sería más aquella de 2023, sino la del “acordeón” formada por las tres ministras “cercanas” al morenismo, más algunos otros cuyas credenciales como abogados y como ministros continúan levantando serios cuestionamientos.

En suma, la coyuntura luce parcialmente similar a la de 2023. Sin embargo, la diferencia yace en el hecho de que las autoridades judiciales, entiéndase, la Suprema Corte y el Tribunal, no representan hoy la defensa del derecho ni de la Constitución, sino que actúan como el brazo judicial del obradorismo. Por lo tanto, el avance del nuevo plan B cuenta, desafortunadamente, con mayores probabilidades de éxito.