De Guardia Nacional a extorsionadora de Ubers. El monopolio del aeropuerto… protegido a punta de fusil

“Los monopolios no nacen en el mercado; nacen en el privilegio otorgado por el poder.”

Friedrich Hayek

Pasamos del “abrazos y no balazos” para los criminales… a que las fuerzas armadas terminen hostigando al pueblo de México.

La escena en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es reveladora: la Guardia Nacional deteniendo conductores de Uber mientras taxistas concesionados bloquean accesos a las terminales.

La ironía política es brutal. El discurso oficial presume defender al pueblo; en la práctica termina defendiendo monopolios. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Los taxistas bloquearon accesos al aeropuerto. Lo lógico habría sido que la autoridad restableciera el orden. Pero ocurrió lo contrario: la Guardia Nacional negoció con quienes violaban el espacio público… y terminó actuando contra los conductores de Uber.

Es decir: el Estado usa la fuerza pública para proteger un monopolio. No para defender a los usuarios. No para garantizar movilidad. No para hacer cumplir la ley. Para proteger un privilegio.

Esto rompe un principio elemental de cualquier economía moderna: la competencia beneficia al consumidor; el monopolio beneficia al grupo que captura al regulador.

Pero el problema es todavía más grave. Existe una suspensión definitiva dentro del amparo 1202/2025, emitida por la Jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa, que ordena cesar las detenciones arbitrarias de la GN contra conductores de Uber en aeropuertos.

La resolución es clara: las autoridades deben permitir que los conductores utilicen la aplicación sin ser objeto de multas ni del aseguramiento de sus vehículos.

Si la Guardia Nacional continúa con estos operativos, podría estar incurriendo en desacato judicial. El artículo 262 de la Ley de Amparo establece penas de hasta nueve años de prisión, multas, destitución e inhabilitación para servidores públicos que ignoren una suspensión judicial.

Las preguntas se vuelven inevitables: ¿La Guardia Nacional está desacatando a un juez federal para proteger a los taxistas del aeropuerto? ¿Quién gana cuando el Estado se coloca del lado del monopolio?

Porque basta ver las tarifas para entender lo que está en juego. En un ejercicio reciente, un viaje del AICM a Polanco costaba 950 pesos en taxi de sitio, mientras que la misma ruta costaba 249 pesos en Uber y 123 en DiDi. Hacia el Estadio Azteca, el taxi superaba los 825 pesos, mientras las plataformas rondaban entre 165 y 299 pesos. Es decir, el taxi puede costar entre cuatro y ocho veces más.

Ese es el precio del monopolio.

Un precio que el usuario paga porque dentro del aeropuerto no existe competencia real. Existe un mercado cautivo protegido por concesiones cerradas… y ahora también por operativos de la Guardia Nacional.

Que no nos digan entonces que los taxistas defienden “su trabajo”. Lo que defienden es otra cosa: tarifas artificialmente infladas y un mercado blindado contra la competencia. En pocas palabras: una mafia.

Quien haya viajado por aeropuertos turísticos del país conoce el fenómeno. En Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta los conflictos entre taxis y plataformas digitales han sido constantes durante años. Hay reportes de bloqueos, agresiones a conductores de aplicación y presiones para impedir que recojan pasajeros. El modelo es siempre el mismo: concesiones cerradas, tarifas infladas y presión gremial para impedir la competencia.

El problema es que ahora el Estado parece haberse alineado con ese esquema.

El absurdo alcanza su punto máximo cuando se observa el contexto internacional. México espera recibir al menos cinco millones de visitantes adicionales rumbo al Mundial de Futbol 2026. ¿Y qué encontrarán esos turistas al aterrizar? Bloqueos. Taxistas en protesta. Pasajeros caminando con maletas fuera del aeropuerto para poder pedir un Uber. Caos para conseguir transporte.

Ya hay reportes de visitantes extranjeros obligados a caminar hacia avenidas cercanas para salir de la zona federal del aeropuerto y poder solicitar un vehículo por aplicación. Menuda bienvenida al Mundial.

Mientras ciudades que han organizado torneos globales —Alemania, Brasil, Rusia o Qatar— integraron plataformas digitales, transporte público y taxis en sistemas competitivos de movilidad, en México seguimos atrapados en el corporativismo de siempre: concesiones cerradas, presión gremial y captura del regulador.

El mensaje para el visitante internacional es demoledor. No habla solo de transporte. Habla de cómo funciona el país. El problema ya no es Uber ni los taxis. El problema es la incapacidad del Estado mexicano para garantizar algo tan básico como la libre competencia y el libre tránsito.

¿Por qué los gobiernos ceden? La respuesta es conocida: los gremios de taxis tienen capacidad de presión. Pueden bloquear avenidas, paralizar aeropuertos y generar caos urbano. Y saben que difícilmente serán castigados. También saben que representan clientelas políticas. Por eso muchos gobiernos prefieren castigar la competencia antes que enfrentar a la mafia.

Entre operadores del sector transporte circula además un trascendido interesante: el Grupo Aeroportuario Marina busca controlar completamente el negocio del transporte dentro del AICM, regulando quién puede recoger pasajeros y quién no. Si eso es cierto, el conflicto deja de ser solo taxi contra Uber. Se convierte en algo más simple y más antiguo: control del negocio. Dinero. Mucho dinero.

Mientras tanto, la resolución judicial sigue recordando lo obvio: los conductores de plataformas ejercen su derecho al trabajo, al libre tránsito y a realizar actividades económicas lícitas. Cuando la Guardia Nacional los detiene, no combate delito alguno. Castiga la competencia.

La ironía final es política: el gobierno habla constantemente de combatir privilegios. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario: se protege uno de los privilegios más antiguos del país, las concesiones cerradas del transporte. Y se protege con fuerza pública pagada por los contribuyentes.

Lo digo con toda seriedad: los ciudadanos pagamos impuestos para tener seguridad… no para financiar escoltas de monopolios.

Si las autoridades creen que defender a estos grupos les dará votos, deberían pensar también en los millones de usuarios que pagan de más cada vez que salen del aeropuerto. Porque cuando el Estado protege mafias, el libre mercado deja de ser una teoría económica. Se convierte en una exigencia ciudadana.