De carta fuerte a problema político: el desgaste de Adrián de la Garza

En política hay un momento en el que los escándalos dejan de ser episodios aislados y empiezan a formar un patrón. Cuando eso ocurre, el problema ya no es mediático, sino político. Y hoy la administración de Adrián de la Garza en el municipio de Monterrey parece estar entrando justo en esa etapa, con una cadena de focos rojos que no deja de crecer.

Primero fue el caso Next Energy, un contrato multimillonario para una planta fotovoltaica que simplemente no existe. Siete mil millones de pesos comprometidos para un proyecto fantasma que compromete la salud financiera del municipio por 20 años. La explicación oficial nunca logró despejar las dudas. Peor aún, la contralora municipal apareció señalada como socia del empresario detenido en otro estado por fraude bajo el mismo esquema. Cuando quien debe vigilar termina bajo sospecha, la confianza pública termina resquebrajada.

Después vino la detención de Karina Barrón, vinculada a proceso por extorsión y falsedad de declaraciones. Más allá de la discusión jurídica sobre medidas cautelares o interpretaciones de la ley, el hecho central es político, pues otra figura del entorno PRIANISTA, funcionaria incluso de la Administración de Adrián de la Garza, termina en el centro de un proceso judicial que golpea profundamente la credibilidad de un grupo político, que durante años presumieron experiencia administrativa y autoridad moral. Grupo que hoy enfrenta un desgaste que ya no se puede maquillar con comunicados ni excusas.

Y como si no bastara, ahora llega otro golpe institucional. Monterrey será el único municipio de Nuevo León sometido a una auditoría forense por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que no es una revisión ordinaria. Es un mecanismo excepcional diseñado para rastrear irregularidades profundas en contratos, convenios, pagos y anomalías en el manejo de recursos públicos.

La auditoría forense no prejuzga culpabilidades, pero tampoco se activa por casualidad. Se utiliza cuando existen suficientes señales de alerta como para justificar una revisión extraordinaria. Cuando el máximo órgano fiscalizador del país decide aplicar ese nivel de escrutinio a un municipio, el mensaje institucional es sencillamente que algo no cuadra y ante la opinión de los ciudadanos, pues cada vez genera menor extrañeza.

Ese contexto vuelve inevitable una pregunta incómoda para el PRIAN: ¿qué está pasando en Monterrey? Porque lo que se observa desde fuera es una administración que acumula explicaciones pendientes. Un gobierno que parece reaccionar siempre después del escándalo, nunca antes. Y una narrativa pública cada vez más difícil de sostener.

Durante años, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional presentaron a Adrián de la Garza como su carta más fuerte en Nuevo León. La figura capaz de reconstruir su competitividad política en el Estado. El perfil con experiencia para volver a posicionarlos frente a una ciudadanía que ya había empezado a buscar otras opciones. Pero la política tiene una regla simple, y es que los proyectos se sostienen con resultados, no con nostalgia partidista.

Hoy, esa carta fuerte empieza a desinflarse. No por ataques externos, sino por el peso acumulado de sus propios problemas. Cada nuevo episodio abre más preguntas. Cada explicación incompleta alimenta la percepción de opacidad. Y en política, la percepción pesa tanto como los hechos. La ciudadanía puede tolerar errores. Lo que no tolera es la sensación de que las instituciones se manejan con ligereza. Que los recursos públicos se administran sin controles claros. O que la rendición de cuentas llega siempre tarde.

Monterrey merece algo distinto. Es la capital económica del norte del país, un referente industrial y urbano. No debería aparecer en titulares por contratos dudosos, detenciones políticas o auditorías excepcionales. Porque cuando un gobierno empieza a ser definido por sus escándalos, deja de gobernar la agenda pública. Y cuando eso pasa, el desgaste deja de ser un problema de imagen y se convierte en un problema de legitimidad.