Cuando el discurso de odio emana del poder: el caso de Fadlala Akabani
Es imperativo subrayar un hecho fundamental: aunque un funcionario de alto nivel en la Ciudad de México, como Fadlala Akabani Hneide, no participe formalmente en el diseño de la política exterior —facultad que corresponde al ejecutivo federal a través de la cancillería—, sus expresiones antisemitas en redes sociales podrían actuar como una de las facetas de la 4T ante el mundo. Esto resulta particularmente delicado en el actual escenario de inestabilidad global derivado del conflicto entre el eje Israel-EEUU e Irán.
El discurso de odio de Akabani no solo perjudica a México al generar desconfianza diplomática con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, sino que fractura la cohesión social interna al agraviar a un sector de la población. Además, invalida la neutralidad histórica del país sin ofrecer a cambio beneficio estratégico o económico alguno.
En cualquier democracia, la gente que participa en el gobierno tiene la obligación constitucional de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción. Cuando un funcionario utiliza sus plataformas públicas para difundir mensajes de odio contra un grupo étnico o religioso, no solo traiciona esa obligación: viola la ley. Este es precisamente el caso del actual subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien desde su cuenta en la red social X ha publicado mensajes con contenido abiertamente antisemita.
Akabani calificó a Enrique Krauze como un “miserable sionista al servicio del imperialismo anglosajón”, al tiempo que describió a Israel como una “entidad enemiga de la humanidad” y una “organización terrorista fundamentalista religiosa”.
No es la primera vez que Akabani recurre a tales expresiones. Por supuesto, lo que él ejerce de esa manera no es una crítica política legítima, sino un discurso antisemita que utiliza teorías conspirativas para deshumanizar a una comunidad entera.
El uso del término sionista como insulto dirigido contra un ciudadano mexicano de origen o religión judía constituye un acto de discriminación. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México define esta como toda conducta que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión o menoscabo de los derechos de las personas, motivada por su origen étnico, nacional o religioso. Atacar públicamente a un individuo reduciéndolo a su identidad religiosa y calificándolo de “miserable” encuadra perfectamente en esta definición.
La misma ley prohíbe difundir mensajes que promuevan el odio, la violencia o que justifiquen actos que constituyan genocidio o crímenes de lesa humanidad. Las publicaciones de Akabani, al deshumanizar a un grupo y difundir narrativas que históricamente han sido el preludio de persecuciones, caen directamente en esta prohibición. El artículo 12 de dicha ley es contundente: “Ningún ente público o persona servidora pública en la Ciudad de México podrá discriminar”. Las sanciones por contravención incluyen desde la amonestación y suspensión hasta la destitución e inhabilitación, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Resulta grave que estas expresiones provengan de un funcionario cuya responsabilidad incluye la gobernabilidad y la convivencia pacífica. Un servidor público no puede ampararse en la libertad de expresión para justificar el discurso de odio; como ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho no es absoluto y encuentra su límite en la prohibición de la incitación al odio y los derechos de terceros.
El COPRED tiene la facultad de dar vista a los órganos de control interno y recomendar medidas administrativas. El antisemitismo no es una opinión política: es una forma de odio que ha costado millones de vidas. Cuando un funcionario lo normaliza, envía un mensaje peligroso a la sociedad. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene la responsabilidad de actuar con decisión; el silencio institucional ante el discurso de Akabani sería, en sí mismo, una forma de complicidad.
Las leyes existen y los mecanismos de sanción están previstos; lo que falta es la voluntad política para aplicarlos. La comunidad judía de México y todas las minorías merecen la certeza de que sus derechos no son negociables y de que ningún servidor público está por encima de la ley.
Posdata: Enrique Krauze también ha incurrido en discursos de odio al hablar de “fanatismo islámico” y otras tesis similares. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que Krauze es un ciudadano particular, mientras que Akabani es un funcionario público sujeto a un régimen de responsabilidades legales específicas.
