No nos regalaron el poder: lo conquistamos

Durante décadas, a las mujeres se nos negó el acceso al poder con una narrativa cuidadosamente construida: que no éramos necesarias, que no estábamos listas, que nuestro lugar estaba en la periferia de las decisiones. No fue un accidente ni una omisión: fue una exclusión sistemática. Una deuda histórica sostenida por un sistema que normalizó el silencio femenino y convirtió la ausencia de mujeres en regla.

Hoy esa deuda empieza a cobrarse. No con discursos condescendientes ni con símbolos vacíos, sino con mujeres ocupando espacios de decisión, ejerciendo poder real y asumiendo responsabilidades públicas. Eso incomoda. Y que incomode es una buena señal: significa que el orden tradicional se está moviendo.

El poder que hoy ejercen las mujeres no cayó del cielo ni fue una concesión graciosa. Es el resultado de años de organización, resistencia y trabajo territorial. Mujeres que caminaron colonias, que construyeron legitimidad en universidades, sindicatos y comunidades, hoy legislan, gobiernan y deciden con una agenda clara: cerrar brechas, ampliar derechos y transformar la vida cotidiana de la gente. Ese es el poder que importa: el que rinde cuentas y se mide por resultados.

Pero saldar una deuda histórica no se logra solo con nombramientos. La reparación exige instituciones que funcionen, leyes con perspectiva de género y presupuestos que reflejen prioridades reales. Exige también que los liderazgos femeninos sean evaluados con el mismo rigor que cualquier otro: por su impacto, no por estereotipos; por su capacidad, no por prejuicios. La ciudadanía no pide relatos inspiradores: exige servicios que funcionen, políticas sociales que lleguen y seguridad para vivir con dignidad.

El cambio se nota cuando el poder baja a tierra. En lo local, mujeres que conocen sus barrios toman decisiones prácticas, tejen redes de apoyo y recuperan espacios públicos desde una lógica de cuidado, comunidad y corresponsabilidad. Ahí se legitima el poder: cuando deja de ser un privilegio y se convierte en una herramienta para resolver problemas concretos.

Como legisladora, tengo claro que pagar esta deuda no es un acto simbólico, sino un proceso político que requiere constancia, carácter y pragmatismo. Legislar para la igualdad sustantiva implica crear instrumentos reales, cerrar brechas laborales, garantizar acceso a servicios y fortalecer la participación ciudadana para que las decisiones no se tomen desde el escritorio, sino con la gente.

El reto es permanente y no admite complacencias. Todavía hay millones de mujeres que no ven reflejados estos avances en su vida diaria. La democracia solo se fortalece cuando el poder se comparte, se vigila y rinde cuentas. Cuando la presencia de las mujeres deja de ser excepción y se convierte en norma.

No se trata de cumplir cuotas ni de celebrar cifras. Se trata de corregir una deuda histórica y convertir esa reparación en políticas públicas efectivas. Seguiremos en la calle, escuchando, señalando y construyendo soluciones desde lo local hasta lo nacional.

Porque la deuda no se paga con aplausos: se paga con transformación, justicia y dignidad.