La Corte activista, los morenistas trasnochados y la rebelión de Jalisco
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido abandonar su papel constitucional para convertirse en el principal ariete de una agenda ideológica radical que busca reconfigurar la identidad, la infancia y la vida familiar en México. Su presión abierta y sistemática sobre los congresos estatales para obligarlos a legislar sobre las llamadas “infancias trans” no es un acto de justicia: es activismo judicial puro y duro.
La Corte ya no interpreta la ley: la fabrica, la impone y la ejecuta. Se ha transformado en un poder político sin legitimidad democrática, que pretende sustituir al Congreso y a los parlamentos locales, imponiendo una visión cultural profundamente polémica, sin debate social, sin consenso ciudadano y sin respaldo científico sólido.
A este atropello institucional se han sumado con entusiasmo varios personajes de la izquierda más ideologizada y trasnochada de Morena, como Xóchitl Hernández, Olga Sánchez Cordero y Malú Micher, quienes desde el Senado y los espacios de poder han cerrado filas con la narrativa judicial para presionar, señalar y descalificar a los congresos estatales que se resisten a esta imposición.
Estas figuras, que durante décadas se dijeron defensoras de la democracia, hoy actúan como comisarias ideológicas, dispuestas a aplastar la soberanía legislativa de los estados con tal de imponer un dogma importado, ajeno a la realidad cultural y social de México. Su discurso no busca proteger a la niñez: busca colonizar conciencias, reeducar generaciones y desmontar la estructura familiar que ha sostenido al país durante siglos.
Lo más grave es que esta ofensiva ocurre justo cuando los países pioneros en esos temas están retrocediendo. Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega y Francia han frenado o restringido severamente los tratamientos de transición en menores, tras documentar daños físicos, secuelas psicológicas y graves conflictos emocionales. Hoy, esas naciones apuestan por la prudencia médica y la protección integral del menor. México, en cambio, parece decidido a repetir errores que otros ya reconocieron como trágicos.
Frente a esta embestida ideológica, la postura del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha sido valiente, firme y profundamente institucional. Al respaldar al Congreso local por rechazar la presión de la Suprema Corte, Lemus marcó un punto de quiebre. Su frase —“que me destituyan si quieren”— no fue una provocación: fue una declaración de principios frente a un poder judicial que ha extraviado el rumbo.
Lemus puso en su lugar tanto a la Corte como a los operadores políticos que, desde Morena, buscan convertir a los estados en simples oficinas de trámite de una agenda globalista. Defendió la soberanía del Congreso, el derecho de las familias y el interés superior del menor, mientras otros prefieren someterse a los dictados del activismo judicial y del progresismo radical.
Porque de eso se trata este debate: no de derechos, sino de poder. Poder para imponer una visión única. Poder para silenciar la disidencia. Poder para moldear culturalmente a las nuevas generaciones sin consultar a la sociedad.
La Suprema Corte y sus aliados políticos han olvidado una lección básica de la democracia: los cambios sociales profundos no se decretan desde los tribunales. Se construyen desde el consenso, el debate, la evidencia científica y la participación ciudadana.
Hoy, Jalisco ha enviado un mensaje claro: no todo México está dispuesto a arrodillarse. No todos aceptan que ministros, respaldados por un puñado de políticos ideologizados, decidan el futuro de millones de niños.
La niñez mexicana no es un laboratorio social. Y la soberanía de los estados no es moneda de cambio para agendas ajenas.
