El salvaje Trump destruye a su pueblo

Debe decirse sin rodeos, porque el lenguaje importa y porque la confusión suele ser funcional al abuso: no es el Estado estadounidense el que se ha convertido en un monstruo. Es el gobierno. Es el ejecutivo. Es una conducción política concreta que decidió gobernar desde el miedo, administrar la humillación como método y normalizar la violencia como forma de comunicación con la sociedad. El matiz no es menor. Al contrario: es crucial.

El Estado, con todas sus imperfecciones, aún conserva grietas por donde respira la legalidad. Hay jueces que frenan atropellos, alcaldes que se niegan a ejecutar órdenes ilegítimas, congresistas que alzan la voz, policías locales que no se prestan al juego sucio, ciudadanos que resisten. Precisamente por eso lo que estamos viendo es más grave. Porque el ejecutivo ya no actúa como representante de la sociedad, sino como una fuerza que se le impone. No gobierna con la gente: gobierna contra ella.

La barbarie no apareció de golpe ni por accidente. Se fue instalando. Se organizó. Se volvió rutina. Cuando la violencia deja de ser un exceso y se convierte en procedimiento; cuando el abuso deja de ser una desviación y pasa a ser protocolo; cuando la impunidad ya no es una falla sino un mensaje, entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. No son errores. Es una política pública de intimidación.

Por eso los nombres importan. Porque el poder intenta borrarlos, diluirlos en estadísticas, convertirlos en ruido de fondo. Alex Pretti no fue un “incidente desafortunado”. Fue una ejecución ocurrida en un contexto deliberadamente envenenado. Activista crítico del ICE, con permiso legal para portar armas, convertido después de muerto en villano para justificar lo injustificable. Que hoy circulen videos editados, recortados con bisturí propagandístico para fabricar un relato exculpatorio no altera lo esencial: nada autoriza al Estado a matar, y mucho menos a celebrar al gatillero como héroe. Defender asesinos desde el poder no es una opinión política: es complicidad.

Aliya Rahman permanece atrapada en otra forma de violencia: el silencio. Ciudadana, mujer con discapacidad, arrastrada fuera de su vehículo, vejada, tratada como objeto. ¿Dónde está? ¿Quién responde por ella? ¿Qué autoridad investiga? El mutismo institucional no es neutral. Es una agresión más. Y está también Liam Conejo Ramos: niño, perdido en el laberinto de las detenciones arbitrarias. Un menor convertido en expediente. En cifra. En daño colateral. Cuando el poder deja de distinguir entre una amenaza real y una criatura, algo se rompe de manera irreversible.

Las imágenes hablan por sí solas, aunque el gobierno intente ahogarlas en propaganda. Bebés arrancados de los brazos de sus padres. Niños de dos, tres o cinco años encerrados en centros de detención que cualquier conciencia honesta llamaría espacios de encierro indignos. Menores compareciendo solos ante jueces, sin abogados, sin comprensión del idioma ni del proceso. Golpes que dejan ciegos. Pastores apaleados. Ciudadanos estadounidenses tratados como presas. Y amenazas que ya no se susurran, se gritan: “si alzas la voz, te borro”. No es retórica incendiaria. Es práctica cotidiana.

Minnesota se ha convertido en un espejo incómodo. Gobernadores y alcaldes obligados a desplegar fuerzas estatales no para contener a la población, sino para protegerla del aparato federal. Un contrasentido que debería escandalizar a cualquiera que crea en el federalismo y en el equilibrio de poderes. Y aun así, el ICE no se detiene. Cambian los nombres, rotan los funcionarios —sale uno, entra otro más tosco, más agresivo— pero la lógica permanece intacta. El anuncio de supuestos “acuerdos”, presumido con soberbia desde la vocería presidencial, no es más que una trampa semántica. No hay consenso, no hay equilibrio, no hay beneficio para la gente. Hay presión, chantaje y la exigencia de que los gobiernos locales hagan el trabajo sucio del ejecutivo, sin garantías, sin límites y sin derechos.

Mientras tanto, el ejecutivo se burla. Justifica. Provoca. Aviva el incendio que dice querer apagar. La degradación del lenguaje acompaña, como sombra fiel, a la degradación de los hechos. Cuando el Departamento de Defensa se asume en clave de “guerra” hacia adentro; cuando se glorifica la fuerza bruta y se desprecia la ley como estorbo, el mensaje es inequívoco. No buscan orden. Buscan sumisión.

No hace falta diagnosticar patologías ni jugar al psicoanálisis de sobremesa para entender el peligro. Basta observar la conducta: impulsividad sin freno, desprecio sistemático por el límite, exaltación del castigo como espectáculo, culto al enemigo interno. El riesgo no es solo moral, es institucional. Un ejecutivo que actúa así convierte cada agencia armada en una extensión de su voluntad personal y cada diferencia política en una amenaza existencial.

Las protestas crecen, sí, pero chocan contra un muro de cinismo. Los llamados al juicio político existen, pero son dispersos, tímidos, atrapados en cálculos electorales. Falta un bloque amplio y transversal que entienda que esto no va de izquierdas o derechas, sino de civilización. Falta que los jueces actúen con la urgencia que la hora exige. Falta que los gobiernos extranjeros —incluido el mexicano— abandonen los comunicados tibios y pasen a la acción consular efectiva: identificar a sus ciudadanos, acompañarlos, exigir, litigar. La omisión también mata, aunque no dispare.

La historia es clara en algo: los regímenes no caen cuando reprimen. Caen cuando dejan de ser obedecidos. Cuando pierden legitimidad social, respaldo institucional y autoridad moral. Y un gobierno que encierra niños, arrastra mujeres, ejecuta activistas y llama patriotas a los verdugos ya no gobierna. Intimida. No ejerce autoridad. Aplica fuerza desnuda.

Lo que hoy ocurre en Estados Unidos no es una crisis migratoria ni un problema de orden público. Es una crisis de poder. Un ejecutivo que ha cruzado deliberadamente los límites, que usa la ley como arma, convierte a las agencias federales en instrumentos de castigo político y trata a la ciudadanía como enemigo interno. En ese punto, la obediencia deja de ser virtud y la resistencia cívica se convierte en obligación democrática.

El anuncio de Tom Homan sobre una supuesta salida o repliegue del ICE no cambia ese diagnóstico. Llega tarde y forzado por la presión social, por la indignación acumulada y por el costo político de la violencia. No es rectificación: es control de daños. No es giro moral: es cálculo. No hay responsabilidades asumidas, no hay sanciones, no hay límites claros. La estructura permanece, la lógica represiva sigue intacta y el mensaje de fondo no se corrige: el poder solo cede cuando es obligado, y solo hasta donde le conviene.

Por eso la desconfianza es legítima. Porque un ejecutivo que primero despliega la fuerza, luego justifica la violencia y finalmente anuncia concesiones mínimas no está corrigiendo el rumbo: está ganando tiempo. Está apostando al desgaste, al olvido, a que el miedo vuelva a disciplinar a la sociedad. Esa es la trampa. Y ya se ha visto antes.

No se trata de violencia caótica ni de estallidos sin dirección. Se trata de resistencia organizada, masiva, legal y persistente. De retirar al ejecutivo el permiso social para seguir atropellando. De obligar a las instituciones que aún resisten a definirse sin ambigüedades. De forzar a los jueces a decidir si están del lado de la Constitución o del silencio cómplice. De exigir a los gobiernos extranjeros —incluido el mexicano— algo más que comunicados tibios: presencia consular efectiva, acompañamiento real, exigencia firme y litigio sin miedo.

Las primaveras no se decretan ni se negocian desde el poder. Llegan cuando la sociedad entiende que el costo de callar es mayor que el riesgo de alzar la voz. Cuando la dignidad pesa más que el temor y la normalización del abuso deja de ser opción.

La incógnita ya no es si ese momento llegará.

La incógnita es quién tendrá la estatura cívica, el coraje político y la legitimidad moral para asumirlo y encabezar lo que inevitablemente viene.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com