Déficits de gestión en la administración de la ZOFEMAT de Arellano Guillén
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En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde México promueve ante el mundo la riqueza de sus más de 11 mil kilómetros de litoral, organizaciones civiles, comunidades costeras y sectores productivos han expresado su preocupación por el desempeño Arellano Guillén, director general de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), de la Semarnat. Las críticas se centran en deficiencias estructurales de gestión, rezagos administrativos y debilidad institucional en la protección del patrimonio costero nacional.
Indicadores internos de la propia dependencia muestran que más del 40 % de los trámites relacionados con concesiones, permisos y regularizaciones presentan retrasos superiores a seis meses, además de un rezago significativo en la resolución de expedientes. A ello se suma un padrón nacional de concesiones incompleto, con bajo nivel de digitalización y escasa trazabilidad, lo que limita la capacidad de supervisión, control y transparencia sobre la ocupación de la franja costera.
En campo, organizaciones ambientales estiman que al menos el 30 % de la ZOFEMAT en destinos turísticos consolidados registra algún grado de ocupación irregular, con casos recurrentes de playas cercadas, accesos públicos bloqueados y construcciones sin autorización. Este fenómeno se repite en entidades como Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, evidenciando la debilidad operativa para hacer cumplir la legislación vigente en materia de bienes nacionales.
El impacto ambiental es igualmente preocupante. México ha perdido más del 60 % de sus manglares originales, en buena medida por el crecimiento desordenado del desarrollo turístico y la ocupación irregular del litoral. La limitada implementación de planes de manejo, la insuficiente restauración de ecosistemas y la escasa integración de criterios de adaptación al cambio climático incrementan la vulnerabilidad costera frente a la erosión, los huracanes y el aumento del nivel del mar.
La actual administración, encabezada por Alfredo Arellano Guillén, enfrenta además cuestionamientos derivados de señalamientos previos por presuntas irregularidades administrativas y omisiones en procesos de supervisión, documentados por organizaciones civiles y medios especializados. Si bien estos antecedentes no han derivado en sanciones firmes, su recurrencia ha alimentado la percepción de una gestión caracterizada por la discrecionalidad y la débil rendición de cuentas.
A ello se agregan observaciones formuladas por órganos de control y auditoría, relacionadas con deficiencias en los mecanismos de supervisión, debilidad en los procesos sancionatorios y limitaciones en la transparencia de la información pública. Estos señalamientos refuerzan la necesidad de fortalecer los controles internos y los sistemas de evaluación del desempeño institucional.
El contraste resulta particularmente evidente en el contexto de FITUR. Mientras México proyecta una imagen internacional de playas sostenibles, abiertas y ambientalmente responsables, en el ámbito nacional persisten problemas estructurales de gobernanza costera que afectan el acceso público, la conservación ambiental y la certidumbre jurídica.
El desafío central es avanzar hacia un modelo de gestión pública que garantice legalidad, eficiencia administrativa, protección ambiental y transparencia, condiciones indispensables para que el desarrollo turístico sea sostenible y equitativo. De no corregirse estas deficiencias, el deterioro institucional seguirá comprometiendo uno de los activos estratégicos más relevantes para el desarrollo económico, social y ambiental del país.
