La 4T: poder intacto, víctimas olvidadas

Desde el colapso de la Línea 12 del Metro, México aprendió que la tragedia forma parte del paisaje político de la Cuarta Transformación y que desde el discurso oficial se normaliza. La desgracia de mayo de 2021 significó algo más que la muerte de 26 personas: fue la inauguración de una era de impunidad política en la que nadie cae, aunque todo se derrumbe.

La Línea 12 fue construida, supervisada y mantenida en gobiernos vinculados a Morena. Las investigaciones técnicas posteriores señalaron fallas estructurales, errores de diseño y deficiencias graves de mantenimiento. Sin embargo, el saldo político fue cero.

Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, evitó asumir una responsabilidad directa y el episodio no frenó su carrera, la tragedia fue apenas un trámite en la ruta del poder.

Tragedias e impunidad

En marzo de 2023, un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez dejó 40 migrantes muertos, encerrados tras rejas que nadie abrió. Las imágenes recorrieron el mundo y exhibieron la crudeza de un Estado que falla incluso en proteger la vida de quienes están bajo su custodia.

El entonces responsable del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso, pero permaneció en libertad y en el cargo durante meses. Un mensaje claro como terrible: en México, morir bajo la custodia del Estado no garantiza justicia. Hasta hoy, Garduño no ha enfrentado una condena y su futuro político sigue reciclándose dentro de la estructura gubernamental.

En Hidalgo, la explosión en Tlahuelilpan en enero de 2019 en el marco de la “guerra contra el huachicol” de AMLO, reveló otra arista del mismo problema. Más de 130 personas murieron al estallar una toma clandestina de combustible. El gobierno convirtió el desastre en símbolo de la “herencia del pasado” y los responsables operativos, las redes criminales y las omisiones institucionales siguieron intactas.

En agosto de 2022, un derrumbe e inundación en la mina El Pinabete, en Coahuila, atrapó a 10 mineros que permanecieron sepultados durante años en el lugar. El rescate de los restos concluyó hasta febrero de 2025. Las sanciones penales avanzaron lentamente y las empresas enfrentaron quiebras y acuerdos compensatorios tardíos; es decir, la justicia llegó tarde, incompleta y sin responsables.

Recientemente, el descarrilamiento del Tren Interoceánico —uno de los proyectos insignia del sexenio— confirmó que la prisa ideológica y los negocios de unos cuantos importan más que la ingeniería y la seguridad. Aunque el saldo humano no fue comparable a otros casos, el accidente reveló lo que ocurre con obras inauguradas sin estar listas. Nuevamente no hay responsables visibles y el caso se minimizó.

Sin embargo, es imposible soslayar que el encargado de la supervisión de la obra fue Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente y figura clave en proyectos estratégicos. Bobby jamás fue llamado a rendir cuentas confirmando que la cercanía con el poder funciona como escudo. La impunidad, otra vez, como política de Estado.

Desastres naturales

Terremotos, huracanes y lluvias intensas han dejado cientos de víctimas mortales y miles de damnificados que no recibieron la ayuda adecuada.

En noviembre de 2020, Tabasco enfrentó inundaciones severas provocadas por lluvias intensas y el desfogue de presas. A pesar de que la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó al menos ocho personas fallecidas, más de 300 mil damnificados y casi 100 mil viviendas afectadas. Ni el presidente ni el entonces gobernador Adán Augusto López respondieron de manera eficaz.

Lo más grave es que no se hizo nada sustancial para evitar que la historia se repitiera y en agosto de 2025, la tormenta Eta volvió a provocar inundaciones generalizadas, dejando al menos ocho muertes y más de 300 mil personas afectadas.

El huracán Otis que golpeó en octubre de 2023 al puerto de Acapulco, es quizá el ejemplo más brutal. El huracán categoría 5 devastó la ciudad, dejando decenas de muertos, miles de damnificados y daños masivos. La respuesta gubernamental fue tardía y desorganizada. Las ayudas de la sociedad civil no llegaron ya que fueron concentradas y administradas por los gobiernos federal y estatal y el presidente López Obrador anunció visitas que nunca se concretaron.

La temporada de tormentas de 2025, incluido el huracán Erick, dejó inundaciones, deslaves y muertes en Oaxaca y Guerrero. Organizaciones civiles denunciaron lentitud, abandono y falta de apoyo. Lo mismo en Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán, donde no hubo reparación de los daños. En Veracruz, la presidenta Sheinbaum fue increpada por la ciudadanía y la administración de Rocío Nahle evidenció su ineptitud antes y después de la tragedia.

El sello de la 4T es inquietante: tragedia, indignación pública, narrativa, carpetas de investigación y finalmente, nada. No hay renuncias, respuestas ni consecuencias. En la 4T, la responsabilidad se diluye.

No es una cadena de accidentes aislados, sino un modelo donde la lealtad política tiene más peso que la vida humana, donde el fracaso no inhabilita, impulsa, y donde la justicia llega tarde —si es que llega— y solo para quienes nunca tuvieron poder.

Las tragedias no cambian el rumbo, confirman quién manda… y lo que puede hacer con el poder. Una tragedia de Estado, con impunidad de gobierno.

X: @diaz_manuel