CIDH admite denuncia de jueces y magistrados por la reforma al Poder Judicial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió a trámite una denuncia en contra de la reforma al Poder Judicial que fue presentada por jueces y magistrados.
De acuerdo con la información que circula alrededor de dicha acción, los inconformes acusan que con la reforma al Poder Judicial, el Estado mexicano habría incurrido en violaciones a los derechos de los juzgadores.
CIDH admite a trámite denuncia contra el Estado mexicano por la reforma al Poder Judicial
A poco más de medio año de que entró en vigor la controvertida reforma al Poder Judicial, la CIDH revisará su posible implicación en violaciones a los derechos de las personas juzgadoras.
Lo anterior debido a que la Comisión admitió a trámite una denuncia presentada por jueces y magistrados federales, quienes acusan que el Estado mexicano vulneró sus garantías con la reforma.
Al señalar que debido a la reforma al Poder Judicial cientos de trabajadores fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular, los quejosos pidieron la intervención de la CIDH.
Al revisar la querella, el organismo la admitió a trámite y remitió oficialmente la petición al gobierno federal, para lo cual fijó un plazo de 3 meses que podría extenderse a 4, para que el gobierno federal presente una respuesta.
De acuerdo con la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia federal que deberá presentar sus observaciones durante el tiempo que se estableció.
Jueces y magistrados acusan vulneración a derechos de juzgadores
En la denuncia que presentaron ante la CIDH contra el Estado mexicano, un grupo de 14 juzgadores entre jueces y magistrados, acusaron que la reforma al Poder Judicial vulneró los derechos del sector por puntos como los siguientes:
Independencia judicial: Se afirma que la reforma al Poder Judicial debilitó la autonomía de jueces y magistrados frente al poder políticoIgualdad y no discriminación: Se señala que las nuevas reglas afectaron de manera desproporcionada a ciertos grupos, en especial a mujeresHonra y reputación: Se acusa que en el proceso legislativo, altos funcionarios del Ejecutivo señalaron públicamente a jueces de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido procesoConfianza pública: Se sostiene que las acusaciones dañaron la credibilidad social de la que gozaba el Poder JudicialPolitización: Se describe la reforma como un mecanismo de captura política de la judicatura, pese a presentarse como neutral
