Después del pronóstico: gobernar el riesgo
El clima extremo observado a mediados de enero no es una rareza: confirma la estacionalidad —cada vez más intensa— de fenómenos adversos que ya no pueden leerse como episodios aislados. Frentes fríos más severos, lluvias atípicas, variaciones abruptas de temperatura y eventos sísmicos forman parte de un contexto que exige algo más que reacción. Exige capacidad de gobierno.
En ese escenario, más que buscar culpables, conviene mirar lo que sí podemos gobernar: preparación institucional, inversión en infraestructura hídrica, sistemas de alerta temprana y políticas de adaptación al cambio climático. La pregunta relevante no es “¿qué pasó?”, sino qué sigue después del pronóstico y si existen estructuras capaces de sostener respuestas en el tiempo.
La gobernanza del riesgo se construye lento. Levantar infraestructura, rehabilitarla, operarla y darle mantenimiento no se hace en una semana ni en un ciclo mediático. Un ejemplo claro de esta lógica es Agua Saludable para La Laguna, la obra de infraestructura hídrica más ambiciosa del norte del país, diseñada para atender una crisis de salud pública que durante décadas afectó a más de 1.6 millones de personas en municipios de Coahuila y Durango.
La razón de ser del proyecto es estructural: sustituir el consumo de agua de pozos profundos —contaminada con arsénico por la sobreexplotación del acuífero— por agua superficial del Río Nazas. Durante años, distintas administraciones se limitaron a medidas paliativas, como filtros a pie de pozo, costosos e ineficientes, que terminaron abandonados. El cambio vino cuando se decidió romper esa inercia mediante una inversión pública de gran escala que, al cierre de 2025, superó los 17 mil millones de pesos.
Hoy, en 2026, el sistema se encuentra en una fase clave de consolidación operativa, con recursos asignados que priorizan el mantenimiento de la planta potabilizadora y la culminación de líneas troncales. El desafío ya no es construir, sino hacer que la inversión funcione todos los días. Ahí, la responsabilidad se desplaza hacia la coordinación y la capacidad de los organismos locales para convertir la infraestructura federal en una realidad tangible: agua saludable, constante y segura en los hogares.
Esta lógica es extrapolable a otros frentes del riesgo. Lo mismo ocurre con los sistemas de alerta temprana. México cuenta con capacidades reconocidas, como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, operado por CIRES, que permite ganar segundos valiosos ante un sismo. Pero ningún sistema funciona por inercia: su eficacia depende de cobertura territorial, telecomunicaciones confiables, protocolos claros y mantenimiento constante. La prevención real no está en su existencia, sino en su operación cotidiana.
Por eso, fortalecer el alertamiento en celulares, revisar periódicamente las sirenas, capacitar a autoridades locales y comunicar de manera transparente las pruebas y ajustes no debería verse como señal de debilidad, sino como parte normal de una política pública madura. Detectar fallas, corregirlas y aprender es exactamente lo que se espera de instituciones que toman en serio el riesgo.
La discusión pública suele concentrarse en la emergencia inmediata y se diluye cuando el clima se estabiliza. Gobernar, sin embargo, implica lo contrario: sostener la atención cuando ya no hay reflectores, invertir cuando no hay urgencia visible y asumir que la adaptación al cambio climático es una tarea permanente, no una respuesta episódica.
La conclusión es simple y exigente: después del pronóstico no debería venir el olvido. Debería venir una agenda pública de continuidad, donde el mantenimiento, la coordinación interinstitucional y el aprendizaje institucional sean tan importantes como la obra misma. Porque, frente a un clima cada vez más extremo, la verdadera seguridad se construye —o se pierde— en el tiempo.
