Venezuela y la interpretación de la legalidad internacional por parte del obradorismo
El expresidente AMLO expresó en alguna ocasión una frase que pervive en los anales del inicio de la destrucción de la débil democracia en México: “no me vengan con que la ley es la ley”. Con esta declaración el ex mandatario dejó claro lo que ha significado el pensamiento obradorista: su personalidad, popularidad y credibilidad se encontraban por encima de las instituciones del Estado. Ahora se ha llevado a la legislación internacional.
No existe duda de que la intervención de Estados Unidos en Venezuela el sábado pasado constituyó en sí misma una contravención del orden internacional, a la luz del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Así ha sido manifestado por funcionarios de la organización y por numerosos jefes de Estado y de gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una de ellas. De manera inequívoca ha expresado su rechazo a los actos cometidos por los estadounidenses en Caracas. De igual manera, se ha sumado a pronunciamientos conjuntos con otros gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, su posicionamiento suscita diversas interrogantes. Se recordará que durante las discusiones en torno a la reforma judicial la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación en torno a la eventual violación de los principios a la división de poderes y a la independencia de los jueces, pues contravenía los ideales democráticos contenidos en las convenciones internacionales.
Por otro lado, otros organismos del sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado, denunciaron la violación a los derechos humanos contenida en la prisión preventiva oficiosa, hoy legislada en el derecho interno mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó igualmente que esta disposición constitucional era inconvencional.
En adición, las mismas instituciones expresaron su rechazo ante las reformas constitucionales implementadas por el morenismo dirigidas a trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues representaba –a su juicio– un paso evidente hacia la militarización de las tareas civiles.
En otras palabras, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el obradorismo han ofrecido elementos ostensibles de su desdén, y si se quiere, desprecio, hacia cualquier reglamentación surgida del derecho internacional.
En el marco de la crisis venezolana, la estatura política de la jefa del Estado mexicano para denunciar la violación del orden legal por parte del gobierno de Donald Trump ha quedado en entredicho.
¿De verdad cree el obradorismo en las convenciones internacionales y en la obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones o se trata simplemente de una argucia discursiva para defender, mediante cualquier medio a su alcance, a un dictador que comparte los principios de la pseudo izquierda latinoamericana? ¿O será que interpretan las obligaciones surgidas del derecho internacional como mejor convenga a su discurso e intereses?
