Venezuela: soberanía no es sinónimo de impunidad

La madrugada del 3 de enero de 2026, el mundo amaneció con una noticia que, por su gravedad, obliga a pensar más allá de simpatías o antipatías ideológicas: Estados Unidos realizó una operación militar en territorio venezolano y trasladó a Nicolás Maduro a suelo estadounidense, en un episodio acompañado por acciones armadas reportadas en Caracas y un choque diplomático inmediato.

A estas alturas, el debate se ha polarizado con la velocidad típica de nuestro tiempo: unos celebran como si se tratara de una “liberación”; otros condenan como si defender la soberanía implicara aplaudir a Maduro. Pero ambas lecturas son trampas. La primera normaliza el uso unilateral de la fuerza como método de “justicia internacional”. La segunda secuestra el principio de autodeterminación para convertirlo en blindaje de cualquier gobierno, sin importar su legitimidad o el trato a su población.

México —y esto es clave— no está obligado a escoger entre “intervención” o “aplausos a un régimen”. La postura que ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum y la cancillería va exactamente por ese carril: condena a la intervención militar, defensa del derecho internacional y apuesta por soluciones pacíficas y multilaterales, con base en los principios históricos de la política exterior mexicana.

Esa postura no es tibieza. Es algo más difícil: es una línea ética y estratégica en un continente que ya aprendió —a golpes— que cuando se abre la puerta a la “intervención por conveniencia”, esa puerta rara vez se vuelve a cerrar.

La discusión jurídica es incómoda para quienes celebran la operación como si fuera un operativo policial internacional. No lo es. No existe una “policía del mundo” con facultades para entrar, capturar y trasladar jefes de Estado mediante fuerza armada, sin autorización multilateral, sin consentimiento del Estado involucrado o sin un argumento sólido de legítima defensa. Más allá de simpatías, el precedente que se abre es peligroso.

¿Por qué importa tanto la legalidad? Porque el derecho internacional, con todas sus imperfecciones, es el último dique contra la ley del más fuerte. Si aceptamos que una potencia puede “resolver” políticamente a otro país capturando a su presidente, mañana esa lógica puede usarse contra cualquiera, con el pretexto de drogas, terrorismo, migración, corrupción o “amenazas regionales”, y Venezuela, guste o no, es un país con recursos estratégicos y una historia larga de tensiones geopolíticas.

Defender la soberanía de Venezuela no significa defender a Nicolás Maduro. Significa defender un principio básico que se basa en que los pueblos deben decidir su destino sin imposición armada extranjera, y decir esto no debe impedir otra verdad igual de relevante: la autodeterminación pertenece al pueblo, no a una élite gobernante.

Si un gobierno ha dañado instituciones, perseguido disidencias o torcido reglas democráticas, eso debe señalarse y atenderse por vías legítimas como la presión diplomática multilateral, mecanismos regionales, observación internacional, exigencia de garantías electorales, defensa de derechos humanos y acompañamiento real a la sociedad civil. Lo que no se vale es sustituir la voluntad social por un operativo militar externo que, además de muertos y caos, deja un mensaje devastador: “si no te alineas, te saco”.

México ha insistido en el camino que históricamente le ha dado autoridad moral ante el mundo: no intervención, respeto al derecho internacional y solución pacífica de las controversias. Esa postura no es neutralidad cómoda sino independencia de criterio. Significa no subordinarse a intereses ajenos y, al mismo tiempo, no cerrar los ojos ante el sufrimiento de la gente.

Quien no entienda el valor de esa línea, que mire un mapa donde se pueda visualizar que una escalada en Venezuela no se queda en Venezuela. Mueve flujos migratorios, presiona economías, fragmenta consensos regionales y eleva el riesgo de confrontaciones indirectas entre potencias. Normalizar la fuerza como herramienta política es una mala noticia para toda América Latina.

México no gana nada aplaudiendo un método que legitima la imposición armada. Tampoco gana nada callando frente a los déficits democráticos. La posición inteligente —y humana— es sostener dos ideas al mismo tiempo: no a la intervención militar extranjera. Sí a la exigencia internacional de condiciones democráticas y respeto a los derechos humanos, sin dobles raseros.

Quienes justifican estas acciones dicen que buscan “proteger al pueblo”. La historia regional muestra otra cosa, donde las intervenciones abren ciclos de violencia, fracturan instituciones y dejan sociedades más vulnerables. Cuando se usa la fuerza, el costo lo paga la gente común, la que trabaja, la que estudia y la que solo quiere vivir en paz.

Por eso, la autodeterminación no es una consigna romántica. Es una defensa concreta de vidas humanas.

¿Qué sí debería ocurrir? Si de verdad se quiere ayudar a Venezuela —y a la región— el camino razonable tiene elementos claros:

• Un proceso multilateral, no unilateral, bajo marcos internacionales.

• Garantías verificables para elecciones y libertades civiles, con observación seria.

• Ayuda humanitaria que no castigue a la población ni se use como herramienta política.

• Desescalamiento inmediato, para evitar que el país se convierta en tablero de ajedrez geopolítico.

México puede y debe insistir en ese equilibrio, basado en la defensa de la soberanía y defensa del pueblo, sin propaganda ni alineamientos automáticos. La cuestión a resolver no es si cae o no un gobernante. La pregunta es qué clase de mundo estamos normalizando si aceptamos que la fuerza sustituya al derecho. Cuando eso se normaliza, siempre termina alcanzando a quienes creían estar a salvo. Tiempo al tiempo.