El secuestro que no quieren llamar por su nombre

Al poder imperial le gusta contar siempre la misma historia: capturar o derrocar a un gobernante al que llama “dictador” y presentarlo como una victoria moral. Si el enemigo está bien construido, cualquier método se vuelve aceptable. La moral funciona como coartada y la fuerza como argumento final.

Pero el derecho internacional no existe para decidir quién es bueno y quién es malo. Existe para poner límites. Sobre todo a quienes tienen la capacidad de imponer su voluntad fuera de sus fronteras. Por eso el uso de la fuerza está prohibido casi siempre: no por ingenuidad, sino por experiencia histórica. Cuando cada país se arroga el derecho de “liberar” por la fuerza, el mundo vuelve a la ley del más fuerte, y en ese mundo los pueblos del sur siempre pierden.

Lo ocurrido en Venezuela no es un error ni un exceso aislado. Es el cruce deliberado de un límite que muchos creían superado. Cuando el poder imperial decide capturar a un jefe de Estado extranjero y sacarlo de su país sin juicio, sin extradición y sin autorización internacional, no solo viola la soberanía: instala una doctrina. La doctrina de que el derecho estorba y puede dejarse de lado cuando no conviene.

Porque si hoy la excusa es “derrocar a un dictador”, mañana puede ser “corregir una elección”, “combatir el crimen” o “proteger inversiones”. En México conocemos bien ese lenguaje: fue el pretexto oficial con el que Francia inició la Guerra de los Pasteles. Cambian los siglos y cambian las palabras, pero el mecanismo es el mismo: la fuerza convertida en permiso.

Y cuando la soberanía se rompe, no se humilla únicamente a un presidente. Se deja indefenso a un pueblo entero. Se le dice que su destino puede decidirse desde afuera, que su institucionalidad vale menos que los intereses de una potencia. Ese es el verdadero daño, aunque se disfrace de justicia o de democracia.

Llamar a esto secuestro no es exagerar. Es describir un hecho. Tomar a una persona contra su voluntad, sacarla de su territorio y trasladarla sin base legal es un secuestro, incluso si quien lo hace es una potencia imperial y aunque el secuestrado no despierte simpatías en ciertos sectores. Cambiarle el nombre no lo vuelve legal. La fuerza no crea derecho.

No lo dice una consigna ni una simpatía política. Lo dice el propio derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados salvo excepciones muy acotadas, y la Corte Internacional de Justicia dejó claro, desde el caso Nicaragua vs. Estados Unidos, que una intervención no se vuelve legítima por llamarse “restauración”, “seguridad” o “justicia”. Cuando la fuerza sustituye al derecho, el problema no es semántico: es estructural.

La pregunta incómoda no es si un gobernante debe caer. La pregunta es quién decide, con qué reglas y para beneficio de quién. América Latina conoce bien la respuesta cuando esas reglas se rompen: no llega la democracia, llega el caos; no llega la justicia, llega una nueva forma de tutela. La historia regional es clara: cada vez que el poder imperial intervino para “ordenar”, dejó más atraso, más violencia y más resentimiento.

No sorprende, entonces, que el discurso posterior a la intervención haya girado rápidamente al petróleo. Cuando se cae el relato moral, aparece el objetivo real. Para el poder imperial, los recursos siguen siendo botín estratégico. Para los pueblos, son soberanía material. México lo entendió hace décadas: el petróleo no es una mercancía cualquiera, es una decisión política. No fue ideología. Fue dignidad.

En ese mismo contexto histórico, Benito Juárez dejó una frase que no envejece y hoy vuelve a cobrar sentido: el respeto al derecho ajeno es la paz. No era una consigna moral; era una advertencia política. Sin respeto a la soberanía, no hay orden internacional posible: solo imposición.

Defender el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y su riqueza no es defender gobiernos ni negar conflictos internos. Es defender un límite. Porque cuando ese límite se rompe en un país, se rompe para todos. Aceptar este precedente en silencio no es neutralidad: es renuncia.

Esto no va de una persona.

Esto va de si aceptamos que el poder imperial pueda secuestrar presidentes y llamarlo justicia.

Esto va de si normalizamos que la fuerza sustituya al derecho y que la soberanía valga solo cuando no estorba.

Hoy fue Venezuela.

Mañana puede ser cualquier país incómodo.

El problema no es la reacción del mundo, sino el intento de que este precedente se vuelva aceptable con el tiempo.