Una tragedia que exige verdad, justicia y responsabilidad democrática
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, es una tragedia que indigna a la nación y debe ocupar un lugar central en la reflexión pública. En ese accidente ferroviario, un convoy que transportaba alrededor de 250 personas entre pasajeros y tripulación se salió de la vía en una curva de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dejando un saldo de al menos 14 personas fallecidas y más de 98 personas heridas, varias de ellas con lesiones de gravedad. Las cifras son contundentes, pero no pueden quedarse en el plano estadístico. Cada vida perdida representa una familia afectada y un daño profundo al tejido social.
El país merece respuestas claras sobre las causas del accidente, sobre las condiciones técnicas de la vía y del tren, así como sobre los mecanismos de supervisión y mantenimiento que debieron garantizar la seguridad de los pasajeros. Investigar a fondo lo ocurrido no es un acto de confrontación política, sino una obligación del Estado frente a la ciudadanía y frente a las propias víctimas. En una democracia, la crítica al gobierno es no solo legítima, sino indispensable. La rendición de cuentas y el escrutinio público forman parte esencial del ejercicio del poder y deben ser aceptados por los gobiernos de todos los niveles.
Señalar errores, exigir explicaciones y demandar correcciones fortalece a las instituciones cuando se responde con transparencia y responsabilidad. Pretender acallar la crítica en momentos de crisis solo profundiza la desconfianza social y debilita la credibilidad de las autoridades. No obstante, también es necesario marcar un límite claro. La crítica democrática no debe confundirse con el oportunismo político. Esperar a que ocurra una tragedia para sacar ventaja, apostar al fracaso del país o utilizar el dolor de las víctimas como herramienta discursiva no constituye un proyecto político serio ni responsable.
Desear que las cosas salgan mal para obtener beneficios partidistas empobrece el debate público y degrada la vida democrática. El reto es doble. Por un lado, exigir investigaciones exhaustivas, sanciones a los responsables cuando corresponda y medidas concretas para evitar que un accidente de esta magnitud vuelva a repetirse. Por otro, elevar el nivel de la discusión pública, apostando por una crítica firme, informada y orientada a soluciones, que coloque en el centro la seguridad de las personas y el interés general.
Las tragedias no deben pasar de largo ni convertirse en botín político. Deben ser un punto de inflexión para corregir fallas, fortalecer la gestión pública y reafirmar que la vida y la seguridad de la ciudadanía están por encima de cualquier cálculo político. Solo así la indignación puede transformarse en responsabilidad democrática y en un compromiso real con el país.
