Reforma judicial y PIB cero: cuando el juez espanta la inversión
I. Un 2025 de PIB plano… con un Poder Judicial en tormenta
2025 será recordado como el año del crecimiento cero con reforma judicial.
El último dato económico es lapidario:
Crecimiento mensual: 0.03%Crecimiento anualizado: 0.0%Proyección 2025–2026: 0.0% a 0.5%
Al mismo tiempo, México cayó al lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, con una calificación de 0.40, ubicándose entre los países con menor fortaleza institucional.
Y en este contexto, la reforma judicial de 2024–2025 desmanteló la carrera judicial y la sustituyó por la elección popular de jueces, magistrados y ministros, un modelo que no existe en ningún otro país del mundo en tal escala y que ha generado incertidumbre sobre la imparcialidad y estabilidad de los tribunales.
II. Plan México sin Estado de derecho: inversión privada en modo defensa
El gobierno ha promocionado el Plan México como detonador de inversión, pero la realidad es que:
– La inversión privada se ha frenado, especialmente en manufactura y proyectos de largo plazo.
– Diversas firmas internacionales y medios como Reuters señalan que la reforma judicial aumentó el riesgo país.
– En Estados Unidos y Canadá, cámaras empresariales advierten que la elección de jueces por voto popular puede violar disposiciones del T-MEC, especialmente en materia de solución de controversias e independencia judicial.
– Para la renegociación del T-MEC en 2026, la independencia judicial mexicana será un asunto central.
– Una economía puede tener mano de obra barata y recursos, pero si no tiene árbitros confiables, no recibe inversión estratégica.
III. Improvisación, soberbia y rezagos: la justicia que no resuelve
La reforma no llegó a un sistema fuerte: llegó a un sistema ya saturado.
Datos oficiales muestran:
552,800 expedientes pendientes en el Poder Judicial Federal.1.619 millones de asuntos nuevos ingresados entre enero y julio de 2025 (35% más que el año anterior).50,000 casos laborales federales rezagados, con un aumento superior al 50% respecto a 2024.
En la Ciudad de México, los juzgados resolvieron 21% menos asuntos entre enero y abril de 2025 comparado con 2024.
A esto se suma:
– Jueces electos con experiencia limitada.
– Secretarios de acuerdos cargando la operación diaria.
– Paros, huelgas, falta de personal, criterios contradictorios.
– Burocracia tradicional: acuerdos tardíos, audiencias diferidas, cambios arbitrarios en criterios.
El resultado: los procesos tardan más, no menos.
IV. Amparo, DOF y edictos: el impuesto oculto a la justicia
El amparo debería ser el instrumento más accesible de defensa de derechos. Pero hoy, para muchos mexicanos, se ha convertido en un lujo procesal.
La Ley de Amparo exige publicar edictos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cuando no se localiza a una de las partes.
Costos actuales del DOF por día, regularmente se obliga a publicar 3 veces de siete en siete días hábiles del DOF:
3/8 de plana: $10,000 pesos mínimo. Pues el DOF condiciona el tamaño de la publicación.
Y así sucesivamente.
Para un campesino, un trabajador, una MIPYME, o un acreedor común, pagar entre $10 mil y 30 mil pesos por edictos es una barrera real.
Los grandes despachos pagan sin problema.
Los pequeños simplemente abandonan el proceso.
Es una justicia que se compra, no que se garantiza.
V. Juicios civiles, mercantiles, familiares y laborales: rezago crónico sin solución
La reforma judicial no ha mejorado la eficiencia en la operación real:
Juicios civiles y mercantiles siguen tardando años.Procesos familiares continúan saturados.Juzgados federales manejan cargas de 1,400 expedientes activos.Los tribunales laborales aún no estabilizan su operación tras la reforma laboral federal.No hay profesionalización, no hay inversión en infraestructura judicial, y no hay una visión de justicia moderna.Solo hay más caos con menos estructura.
VI. México vs. Estados Unidos y Canadá: la comparación que pesa en el T-MEC
México forma parte del bloque comercial más grande del planeta. Pero en materia de justicia está en otra liga:
– Canadá: lugar 13 en Estado de Derecho.
– Estados Unidos: dentro de las democracias funcionales con instituciones sólidas.
– México: lugar 121.
Cuando el T-MEC exija, en 2026, revisar certidumbre jurídica, solución de controversias y trato justo a la inversión extranjera, México no tendrá argumentos sólidos si su justicia es impredecible y politizada.
Y sin T-MEC fuerte, México pierde:
InversiónManufacturaNearshoringEmpleoIntegración industrial de Norteamérica
VII. Lo que viene: crecimiento bajo, litigios caros y riesgo de largo plazo
La reforma judicial ya impacta en:
1. La prima de riesgo país
Los mercados incorporan la falta de jueces profesionales como un aumento en riesgo jurídico.
2. La inversión privada
Empresas internacionales han pausado proyectos por temor a procesos judiciales lentos y politizados.
3. Los litigios nacionales
Más caros (edictos), más largos (rezagos), más inciertos (jueces nuevos sin experiencia).
4. La confianza institucional
– Sin confianza en la justicia, no hay confianza en los contratos.
– Sin contratos, no hay crédito.
– Sin crédito, no hay inversión.
– Sin inversión, no hay crecimiento.
Todo esto explica por qué el PIB mexicano está prácticamente en 0%.
Epílogo: sin juez confiable, no hay Plan México posible
El Estado quiere un México moderno, competitivo y atractivo para nearshoring. Pero ningún inversionista serio apuesta a un país donde:
– los jueces cambian cada 3–6 años por elección popular,
– los tribunales están saturados,
– los edictos cuestan como anuncios comerciales,
– la justicia tarda años y castiga al que cumple,
– el Estado de derecho está en los últimos lugares del mundo.
No hay nearshoring sin justicia.
No hay crecimiento sin tribunales.
No hay futuro económico sin Estado de derecho.
México debe decidir si quiere ser un socio confiable de Norteamérica o un país de crecimiento mínimo y justicia incierta.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
