¿Es meritoria la concentración del gobierno en el Zócalo de la CDMX?

Para festinar los 7 años de la 4T en el poder, el gobierno decidió llevar a cabo una magna concentración en el Zócalo de la CDMX que, a decir de ellos mismos, alcanzó una asistencia de 600 mil personas. Pero cabe la pregunta sobre la utilidad y el valor que puede tener tal evento, pues nadie puede dudar de la capacidad logística de este gobierno, o de cualquier otro que lo haya precedido, para lograr una movilización equivalente, ya que todos ellos han dispuesto de los estímulos necesarios para hacerlo posible y, en su defecto, de imponer eventuales castigos para quienes se resisten a colaborar.

Cierto, la capacidad de que dispone la administración en términos de los intereses vinculados a sus decisiones por parte de distintos gremios, asociaciones, grupos, simpatizantes y afiliados al partido en el poder, así como de gobiernos estatales y municipales que pertenecen a la misma fuerza política, garantizan una posibilidad de convocatoria inconmensurable; ello, al margen de tomar en consideración el ejercicio presupuestal que está en sus manos y de esa manera el deseo de proveedores, contratistas y comerciantes para responder a las peticiones oficiales y de sus allegados; así, lograr una asistencia de tal dimensión en el centro de la capital del país se convierte en un mero reto organizativo y logístico.

Lo anterior, a partir de considerar que no existen carencias financieras para sustentar los costos correspondientes, tampoco para solventar las necesidades de transportación y de suministros básicos; entonces las dificultades que se enfrentan son de planeación, organización, distribución del espacio físico, participación de los movilizadores, disposición de los arribos, etc. Sindicatos y corporaciones ven con agrado este tipo de actividades pues representan una forma de visibilizarlos, acreditar su convocatoria y lucir su presencia, lo que prueba una parte de su utilidad ante las autoridades reforzando las negociaciones y peticiones que después habrán de presentar a fin de lograr mejores prestaciones y retribuciones.

Quienes acuden a la reunión lo hacen a través de los vínculos que tienen con distintos líderes, dirigentes y de quienes encabezan estructuras políticas o burocráticas; acuden para acreditar su cercanía, posición o nexo; buscan ser vistos y cumplir un ritual de socialización e identificación. La costumbre de realizar grandes concentraciones populares fue impulsada en los regímenes fascistas y sirvieron para consolidar el mito de los liderazgos carismáticos, pues demostraban su fuerza y arrastre, pero el desmantelamiento de esos regímenes conllevó a relajar su práctica.

La marcha sobre Roma de Mussolini o los grandes eventos de Hitler con su despliegue escenográfico y de comunicación quedan como testimonio de la importancia estratégica de las movilizaciones masivas. Pero las grandes reuniones de masas han caído en desuso y sólo tienden a mantenerse aquellas relacionadas con fiestas cívicas o desfiles militares; fuera de dicha esfera, llama la atención el hecho de que ahora se realicen desde el gobierno, a la manera del peronismo, con su polarización social y visión maniquea.

Sin embargo, es evidente que para la 4T las movilizaciones y grandes concentraciones tienen un papel especial y, debido a ello, les resulta corrosivo que existen manifestaciones que no son convocadas por el oficialismo. En este caso, el gobierno pareciera plantear una disputa en el sentido de demostrar ser el único que puede realizar magnas concentraciones, por lo cual aquellas promovidas por otros interlocutores son calificadas como carentes de legitimidad y de obedecer a los intereses inconfesables de la reacción.

A ese paradigma responde que en la etapa del gobierno anterior se respondiera con la convocatoria a una concentración masiva en el Zócalo, cuando grupos que se oponían a la reforma del INE se reunieron ahí mismo; ahora parece reproducirse la lógica, pues ante una marcha que se realizó decantada por el asesinato de Carlos Manzo, ex regidor de Uruapan, y por el hartazgo social sobre la inseguridad que tuvo lugar en días pasados, se ha realizado ahora la convocada por el gobierno como una forma de contrastar la reunión que previamente se había realizado por jóvenes y con una asistencia variopinta.

En el fondo pareciera que la disputa es la de demostrar que el único capaz de realizar una movilización amplia es el propio gobierno, al tiempo que las efectuadas por otros convocantes o interlocutores quedan descartadas y exhibidas por su pobreza representativa. El gobierno insiste en la máxima fascista de ser el único que detenta la voluntad del pueblo, tal y como recurrentemente era anunciado por el nazismo que, en su vocabulario, la palabra más empleada era la de pueblo. En efecto, un pueblo cohesionado a través de una sola voluntad y liderazgo, pues los otros participantes son espurios, ilegítimos o sometidos a intereses contrarios y externos. Así lo pretende ahora la 4T.

Se construye una pretendida unidad e integración entre nación, pueblo, gobierno y partido, de modo que resultan innecesarios otros intermediarios; si el pueblo está asimilado al gobierno, resulta por demás la participación de otros partidos, corrientes y visiones. Esa unidad implica demostración de una capacidad movilizadora incontrastable; por eso la necesidad de poner en claro que nadie puede estar por encima de la cantidad de personas que el gobierno puede llamar.

La gran concentración realizada por el gobierno para celebrar el séptimo aniversario de su arribo al poder y cimentada por el ultra presidencialismo que nos ha caracterizado, muestra que este gobierno recela de las instancias alternas que promueven marchas y mítines masivos por considerar que sólo él puede realizarlos de forma legítima. Así los que se efectúan mediante otras promociones carecen de autenticidad y deben ser descalificados por oportunistas, por su inspiración conservadora y neoliberal, así como por prestarse a servir a intereses extranjeros.

La concentración de este pasado fin de semana sólo demuestra que el gobierno mantiene intacto la capacidad de convocatoria que ha acompañado al régimen presidencial en el país, al tiempo de poner de manifiesto su hipersensibilidad ante la aparición de otros movilizadores.