Salarios y democracia
“La desigualdad que reina en todo pueblo civilizado…va manifiestamente contra la ley de la naturaleza…que un imbécil dirija a un hombre discreto y que un puñado de gentes rebose de cosas superfluas mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario”, Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.
No existe noticia más importante para la consolidación de nuestra democracia que el incremento del salario mínimo. Dicho anuncio adquirió ahora una nueva dimensión con el anuncio de la disminución gradual de la jornada de trabajo semanal de 48 a 40 horas, que dará inicio en 2027 y concluirá en 2030.
Los incrementos significativos del salario mínimo iniciaron durante los gobiernos de la cuarta de transformación y con el aumento de 13% para 2026, se llegó a un incremento acumulado de 154%. El salario mínimo general para 2026, de 315.04 pesos diarios, aleja todavía más a millones de personas de las líneas de pobreza por ingresos.
Los detractores han emprendido campañas con argumentos poco razonados. El comportamiento del salario nominal ha sobrepasado con creces a los incrementos de la canasta básica, lo que es un indicio indiscutible de que en los últimos siete años ha habido un incremento significativo en las percepciones reales de la clase trabajadora. La evidencia empírica muestra que los salarios se han puesto por arriba en forma continua y creciente de la canasta básica alimentaria y no alimentaria; siendo un factor determinante para abatir la línea de pobreza por ingresos.
La gráfica es ejemplar: primero, demuestra fehacientemente que antes de 2018 (y aún en 2019) los salarios eran un factor determinante para vivir en condiciones de pobreza; y segundo, que a partir de 2020 el incremento en las remuneraciones ha sido un instrumento crucial para su abatimiento. Ni la pobreza, ni el salario mínimo son mito genial, las estadísticas conforme al salario equivalente 2025 del INEGI, demuestran que más de 40% de la población ocupada gana hasta un salario mínimo; lo que sí es sobresaliente es que este estrato ha reducido su participación en más de 6 puntos porcentuales de 2019 a octubre de 2025, reubicándose en estratos superiores.
Algunos analistas como Gabriela Siller indican que dada la baja tasa de crecimiento económico y de las inversiones, el incremento de la tasa del salario mínimo general redundará en un incremento de la tasa de informalidad. La evidencia estadística demuestra que mantener los salarios bajos tampoco son un factor que incida en ampliar la tasa de formalidad, más bien existe un efecto contrario. Muy probablemente esto último acontece por la indiferencia que origina el trabajar en un segmento u otro, cuando los salarios conllevan a una situación de pobreza.
Lo que sí es evidente es que el incremento salarial ha reducido notablemente la precariedad laboral. A partir de 2020, la tasa de condiciones críticas de ocupación ha registrado una disminución significativa, alcanzando en 2025 un nivel no visto antes. De ahí se pueden desprender dos conclusiones: que la tasa de salario mínimo incide en los demás salarios formales de la economía (el salario promedio real del IMSS en los últimos siete años registra un incremento mayor a 30%); y que dicha tasa empuja a mejorar las condiciones laborales, incluso, en el segmento informal de la economía.
No es que no sea importante reducir la informalidad, por el contrario, su disminución significaría darle una mayor sustentabilidad al modelo de prosperidad compartida. El camino correcto es elevar la tasa y masa salariales no sólo como una fórmula para elevar la demanda agregada, sino para detonar mayores ingresos en la economía y ampliar la capacidad fiscal del Estado mexicano.
Frente a este contexto, resulta trascendente la opinión de elevar en forma sostenida la tasa de inversión privada al 25% del PIB, tal como opina Carlos Slim; sin embargo, hasta ahora los incrementos del salario mínimo no han sido un impedimento para que esto suceda. No existe públicamente una queja generalizada por parte de los empresarios, sobre todo, si se toma en cuenta de que se ha establecido llegar gradualmente a la meta que el salario mínimo alcance una proporción de 2.5 veces la canasta básica en 2030. Sólo algunos cuantos analistas han expresado que la política salarial altera en forma desmedida los coeficientes técnicos de producción.
No existe evidencia alguna que relacione una causa-efecto en el nivel de inversión privada porque el mismo se ha movido en una tasa promedio de 23% con respecto al PIB en los últimos 23 años y en el segundo trimestre de 2025 dicha tasa fue de 22.8%, apenas 2 décimas de punto abajo. La explicación más sensata para 2025 tendría que ver con la inversión pública que ha mostrado un descenso interanual de 19.7% (tomando en cuenta datos del primer semestre de 2024 y 2025), lo que ha originado que su participación descienda a 2.2% del PIB. Diría también que hace falta fortalecer los canales institucionales para imprimirle un mayor dinamismo a la inversión, sobre todo, de las pymes. Nacional Financiera – como lo he dicho antes – sólo es una pálida sombra de lo que fue en los años de mayor crecimiento del país, esto es, en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado.
El incremento del salario mínimo tampoco ha afectado a la tasa de desempleo, que en octubre de 2025 se situó en 2.6% con respecto a la ocupación total. No es para poner estrellitas, pero en 2012 este coeficiente era de 5% y en 2018 de 3.7%. El defecto que tendría este indicador – pero sería para todos los años – es que una buena parte de estos empleos lo genera el sector informal. El dato del décimo mes de 2025, considerando ese contexto, indica casi pleno empleo y es uno de los más bajos a nivel mundial.
Los efectos negativos son dudosos y los positivos se resaltan en dos vertientes sustantivas: el incremento de la tasa salarial ha reducido significativamente la pobreza, así como la tasa de desigualdad, tal como se observa en el coeficiente de Gini:
Aún queda mucho camino por recorrer, particularmente, cuando se observa el índice de desigualdad; esto es, se tiene que seguir reduciendo la brecha y aspirar a “0” para avanzar hacia la igualdad perfecta. Empero, no es posible negar que el camino seguido a partir de 2019 ha sido el correcto, trascendiendo a lo económico y llevándonos al plano filosófico y político. Me permito reseñar algunas conclusiones:
1.- Se ha avanzado socialmente en la legitimidad de nuestro sistema político y vigorizado a la democracia. En términos de Jean Jacques Rousseau: una sociedad natural es mejor que los órdenes sociales injustos, pero un orden social justo es superior a la sociedad natural. Desde la perspectiva política, difícilmente se podría mantener el consenso, apoyo y voto de la mayoría si los gobiernos no promovieran una mayor justicia social; de ahí la importancia de contar con un sistema democrático que respete la voluntad popular, siendo este el medio natural que posibilita la alternancia política.
2.- Nada más grave que el binomio desigualdad-pobreza, pervierte a las instituciones y dificulta el acceso a la justicia a los más. Se podría debatir largamente sobre el concepto de igualdad, pero convengamos que esta se tornaría débil si existiera favoritismo público hacia un segmento privilegiado.
3.- Lo que vivió México durante 36 años bajo la égida neoliberal no sólo empobreció a gran parte de la población, (el Tecnológico de Monterrey calificó al de Calderón como el sexenio de la pobreza) sino que justificó con su discurso angustias económicas y la acumulación de la riqueza.
4.- Se debe ser libre para ser igual, pero antes se debe ser más igual para poder ser más libre. El planteamiento roussoniano que fue adoptado por los teóricos del bienestar indica que la libertad depende en mucho de los ingresos y de las condiciones laborales. ¿Quién puede ser libre si se tiene que emplear con dos patrones o ampliar la jornada laboral hasta 12 horas para poder mantener a la familia, tal como sucede en Argentina? La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas ensanchará el goce de la libertad en México y tendrá que convertirse en un incentivo para incrementar la productividad.
5.- En un Estado democrático es el pueblo el que cambia a las instituciones políticas y a los gobiernos. Basta ya de la interpretación burda de que no es posible equiparar el voto de una mujer o un hombre culto con el de alguien desprovisto de conocimientos. Para Rousseau la voluntad popular no se sustenta en la razón pura, sino en los sentimientos que provocan la desigualdad, el empobrecimiento, la arbitrariedad y el abandono. Sobre esta base, no existiría algo más importante para un gobierno que procurar el bienestar material y atemperar las desigualdades en la distribución de la riqueza; así como el de crear un sistema de educación pública al alcance de todos. La esencia de un sistema democrático está dada por la dignidad humana.
6.- El voto diferenciado o selectivo inhibiría el sentido sustantivo de cualquier democracia. Al intelectual Emilio Rabasa le sirvió para justificar la dictadura de Porfirio Diaz (“La Constitución y la dictadura”); pero en una sociedad profundamente desigual le quitaría a los más desfavorecidos del progreso material el único instrumento efectivo para manifestar su desacuerdo, descontento y desesperanza
7.- La desigualdad y la pobreza generan la apatía de las masas (algunos lo consideran como una forma de protesta), más cuando no existen alternativas políticas reales. La disminución continua de la participación electoral deslegitima a las democracias: un índice inferior a 50% en una elección presidencial pondría en duda su vigencia y continuidad.
8.- La democracia tiene vicios, los peores son la demagogia y el populismo. Prometer lo que no se puede cumplir es grave y tratar de hacerlo en una forma descuidada genera el fenómeno de la insustentabilidad. La presidente Sheinbaum y el expresidente López Obrador destacan que el abatimiento de la pobreza en 13.5 millones personas es el mayor de los logros de la 4T. Este dato innegable, se ve magnificado por el de la CEPAL que señala que en los últimos diez años seis de cada diez personas que salieron en la pobreza en la región latinoamericana fueron de México.
Lo anterior se ha hecho sin recurrir a una crisis fiscal o llevando a una presión de endeudamiento inmanejable. Se han sabido administrar los recursos fiscales y se ha puesto limite a la recurrencia del ahorro externo en términos del PIB, queda el reto del crecimiento económico para alcanzar la sustentabilidad deseada en el mediano y largo plazos. Siendo propositivos, tendríamos que encontrar las fórmulas para que esto suceda. Para eso estamos los economistas. ¿O no?
