Acusa Harfuch a jueces por favorecer a 164 delincuentes
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch resaltó que en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha registrado “un alarmante número de determinaciones judiciales que lejos de garantizar la seguridad y la justicia a las víctimas de la violencia, se ha favorecido a quienes las agreden”, acusando que 42 juzgadores han dejado en libertad a 164 delincuentes.
De esta manera informó que tienen un registro de 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales “que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos, delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
Explicó que 42 juzgadores han favorecido a 164 egresos con cambios de medida cautelar y egresos definitivos “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además 18 juzgadores favorecieron con 27 traslados a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”.
El funcionario destacó que de octubre del 2024 a abril del 2025, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes grupos criminales como El Cártel de Sinaloa, el Cártel Golfo Jalisco, La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Rojos, entre otros.
Además, aprovechó para exhibir al juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien, dijo, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
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“La más reciente fue el 24 de abril con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del Cártel del Pacífico. Además, en enero de 2023, ordenó la libertad de Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias El Mencho, entre otros casos.
Justicia corrupta
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que ya tiene diversas denuncias en contra de juzgadores. Estas denuncias se presentarán después de septiembre, debido a un “acuerdo interno” del Poder Judicial.
Dicho acuerdo establece que la Fiscalía no puede proceder contra un juez, magistrado o ministro a menos que ellos mismos lo autoricen, incluso cuando existan elementos penales.
“Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo… Hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro”.
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Y señaló que el Poder Judicial no los deja proceder porque “dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”. Aunque aclaró que se trata de casos específicos donde se ha abusado del poder.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial permitirá actuar en consecuencia cuando se presenten pruebas y se acuse a un juez.
