El Salvador, a tres años del estado de excepción de Bukele
La ofensiva contra las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cumplió este jueves tres años, en medio de una fuerte reducción de homicidios, pero también de denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.
El 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana con 87 asesinatos, Bukele decretó un régimen de excepción que ha permitido la captura de más de 86 mil presuntos pandilleros sin orden judicial. Según el mandatario, esta estrategia le arrebató a las pandillas el control de territorios y ha convertido a El Salvador en “el país más seguro del hemisferio occidental”.
Te puede interesar: Argentina negocia 20 mmdd de nuevo préstamo con FMI
No obstante, organismos humanitarios advierten que este logro tiene un alto costo en garantías individuales.
“Sin duda que ha disminuido la violencia de las pandillas y la tasa de homicidios (…), pero los salvadoreños no tienen por qué optar entre tener seguridad y tener garantías al debido proceso”, sostuvo Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Más de ocho mil personas fueron liberadas tras ser declaradas inocentes, pero miles de detenidos siguen tras las rejas pese a denuncias de irregularidades.
Problemática de homicidios
La cifra de homicidios en El Salvador cayó drásticamente, pasando de 106 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 1.9 en 2024. El criminólogo Misael Rivas considera que el régimen de excepción fue “una herramienta útil y necesaria” para la seguridad de la población.
Sin embargo, ayer, unos 300 padres y madres se manifestaron en la plaza José Martí de San Salvador para exigir la liberación de sus hijos, quienes, según ellos, están encarcelados sin pruebas.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40 mil reclusos, se ha convertido en un símbolo del combate gubernamental contra las pandillas. Actualmente alberga a unos 15 mil presuntos pandilleros bajo un estricto régimen interno sin visitas de familiares.
En un hecho inédito, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y los recluyó en el Cecot. La Casa Blanca reveló que pagó seis millones de dólares a El Salvador para su reclusión.
En ese sentido, la abogada Indrid Escobar, de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, considera que esto constituye una “comercialización del régimen de excepción”.
