Otro episodio en el odioso caso de la tesis de Yasmín Esquivel
Ha sido bien documentado el caso del plagio de Yasmín Esquivel. Como se sabe, la FES Aragón dio a conocer hace un par de años que la ministra de la Suprema Corte había plagiado la tesis que condujo a su titulación como licenciada en Derecho por la UNAM.
Tras una serie de declaraciones y actos frente a jueces de la Ciudad de México, un juzgado local determinó en 2022 que el Comité de Ética de la universidad no podría hacer públicos los resultados de la investigación en torno a la autenticidad del trabajo hecho por Esquivel en los años ochenta. Se ha especulado en torno a un tráfico de influencias, y fue, a todas luces, una violación de la autonomía universitaria consagrada de la legislación de la institución.
En otras palabras, por decisión de un juez la opinión pública y los mexicanos no conocerían si efectivamente la ministra cometió la falta de plagio. Esquivel, por su parte, en un acto lejano de ser digno de un impartidor de justicia, justificó el hecho como si la decisión del juez hubiera determinado que ella era la autora del texto. No es el caso. Lo que se decidió fue que la UNAM no estaría facultada para informar, cualquier que hubiese sido su fallo final.
El asunto se ha complicado. En días recientes una jueza de la Ciudad de México dictó que el exrector Enrique Graue y Fernando Macedo, este último director de la FES Aragón, serían obligados a pagar 15 millones de pesos a la asesora de la tesis de Esquivel por supuesto daño moral tras habérsele acusado de complicidad en el plagio.
¿Está el caso hoy frente a un nuevo episodio de tráfico de influencias como fue el operado por Esquivel para que un juez impidiese que la UNAM hiciera pública la investigación llevada a cabo por el Comité de Ética? ¿O se trata quizás de un acto de revanchismo político operado por la ministra?
Vale recordar que Yasmín Esquivel no es una ciudadana de a pie, sino que aspira a ratificarse como ministra de la Corte, y en adición, según ha trascendido, lidera los “sondeos” para suceder a Norma Piña como presidente del máximo tribunal jurisdiccional del país.
