¿Y cuándo los cárteles SON ‘el Estado’?

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que teman los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.”

VIVIANA QUINTANA

“Las autoridades son legítimas cuando sirven al bien, cesan de serlo al cesar de servirlo.”

RAMIRO DE MAEZTU

Hagamos a un lado pretextos, fobias y hasta una que otra amenaza. Deslindemos de todo mal a críticos, a comunicadores y a madres buscadoras que compartieron fotos y videos del tristemente famoso rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco. Más todavía a los que de acuerdo a su profesión tienen la responsabilidad de informar de ese infierno. Sobre todo dejemos de señalar y culpar a quienes, desechos en el dolor, demandan justicia a las distintas autoridades. Por una vez centrémonos, en cambio, en responder sin dejar lugar para las dudas lo verdaderamente importante: ¿qué sucedió en el rancho, qué ha sido de las víctimas y cómo es posible que esto ocurriera?

Al respecto hay una cosa que a mí me preocupa: tener que llegar a darle la razón al copetudo de Trump y decir ¡fue el Estado!, pero que este —en sus distintos niveles de gobierno— sea el narco.

De ser el caso, siendo realmente sinceros, no importaría mucho si el gobierno favoreciera a ‘x’ o a ‘y’ partido político. Esto es, una vez que el gobierno, las instituciones del Estado, las estructuras de mando son representantes del crimen organizado, la ideología es lo de menos.

Veámoslo de esta otra forma y con suerte seré más clara: hay políticos que le han plantado un rotundo NO al narco y han amanecido decapitados al día siguiente, como Alejandro Arcos, de Guerrero, en octubre del año pasado. Hay otros más que hasta cierto punto han optado por hacerse de la vista gorda y/o no enfrentar directamente a los capos, optimizando sus recursos lo más posible para enfrentar al delito en algunos puntos, no pudiendo abarcar el resto del territorio del que son responsables (ahora seguramente estas localidades están en manos de los delincuentes). Hay otras autoridades que provienen del crimen organizado, son delincuentes, Estado y gobierno al mismo tiempo.

Cualquiera la situación, es muy complicado ser autoridad en este país hoy en día (antes, hace décadas, centurias, no tanto).

Es cuando se da esta última situación, una amalgama total de funcionario y delincuente, que los deslindes vienen sobrando, son falsos y manipulados, pues el Estado ya no trabaja para y en favor del ciudadano sino precisamente de los anti ciudadanos.

Si uno como persona o como entidad de vigilancia quiere identificar a estos, en el fondo es relativamente sencillo. Las autoridades de Estado que son narcotraficantes o ya indivisibles a ellos violentan la ley a todo momento, en diversidad de circunstancias y en toda suerte de asuntos. No hablo de la violación en un ámbito en específico o de forma ocasional, sino de manera consuetudinaria. ¿Por qué? Debido a que por definición el crimen organizado, y más el narco, actúa fuera del marco normativo para pasar desapercibido.

Todo lo anterior me lleva a una preocupación adicional: en un afán por distinguir quién es quién en el contubernio o en la separación entre las autoridades —así sean las locales, específicamente la Fiscalía de Jalisco—y la delincuencia, ¿conviene que sea Alejandro Gertz Manero, el que inventó delitos no tipificados en la norma para mantener presa —ilegalmente, sobra decir— a Alejandra Cuevas por más de dos años, quien lo haga?

¿El mismo fiscal al que ahora la Fiscalía de Jalisco le está entregando el expediente de Teuchitlán? El campo de exterminio que algunos, empezando por la Fiscalía general, insisten en esbozar como si se tratase de algo menor…

Que no nos quieran dar gato por liebre. Lo que se atestiguó el día de ayer con el informe de Gertz Manero tuvo por objeto único el autodeslinde de responsabilidades del gobierno federal y del órgano constitucional autónomo, llamado Fiscalía General de la República, que él preside. ¿A las autoridades presentes en la mañanera la memoria no les permite recordar que la Guardia Nacional estuvo presente en ese rancho de manera específica en 2019, 2023 y 2024? ¿Por qué se le permite al fiscal exonerar a priori, entonces, a la GN, a la Sedena, a las policías federal y locales?

Gertz Manero se limitó a señalar al exfiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, en el caso de Teuchitlán: “la Fiscalía de Jalisco no realizó una inspección exhaustiva del Rancho Izaguirre en 2024, antes de que las buscadoras entraran al lugar”, dijo.

El ejercicio que está conduciendo el fiscal es arbitrario, sesgado. Aquí unas cuantas preguntas para ilustrar esto que digo:

¿Qué le dijo o informó la Guardia Nacional al Ejecutivo federal sobre Jalisco?, ¿dónde están las bitácoras de lo que vieron ahí en el rancho Izaguirre por vez primera? ¿Por qué instruir un resguardo estatal ante delitos del ámbito federal que involucraban armas de uso exclusivo del Ejército? Las interrogantes pueden seguir y seguir y seguir.

Así que vuelvo a insistir: lo que importa, lo que es urgente para la viabilidad del país, es dilucidar cuándo los cárteles están ejerciendo como autoridad.

Pero lo que buscó Gertz fue realizar una operación Ayotzinapa a la inversa; exactamente a la inversa, esto es, lograr que la culpa se quede limitada a la autoridad local y que la federal no tenga un ápice de relación con el evento. Pero la forma en que lo hace Gertz lleva a preguntarse cuáles son las autoridades que en realidad están a las órdenes del negocio del narcotráfico.

La descomposición social que estamos viviendo en el país no distingue entre castrenses y civiles; entre conservadores y liberales; entre oposición política y oficialismo; entre escuelas y mataderos; entre gobernantes y gobernados. El reclutamiento de jóvenes, pero también de funcionarios públicos va en aumento. Pararse tras un templete y negarlo no va a hacer que esto deje de ser nuestra realidad. Urge extirpar el narco de las esferas de gobierno, de todas las esferas sin distinción.

Giros de la Perinola

(1) La autorización del Senado para que entren a nuestro país marines estadounidenses ¿es porque nuestras autoridades —en todos los órdenes de gobierno— no pueden o no quieren capturar a delincuentes? ¿O es porque sencillamente no pueden identificarlos; distinguir cuáles son probos, cuáles se lavan las manos pero no participan del delito y cuáles son el crimen organizado mismo?

(2) Ante el hostigamiento y amenazas sufridas por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ¿obtendrán la seguridad que solicitan del Estado? Darla, concederla, ofrecerla sería también indicativo no solo de la voluntad de las autoridades sino una señal de deslinde con el crimen organizado.